La gravedad del caso se hace patente en la respuesta del gerente de Logística, Esteban Vega de la O, a la petición de este diario de conversar sobre los hallazgos. El funcionario declinó la entrevista porque «existen elementos que podrían conllevar al establecimiento de responsabilidades de carácter administrativo, disciplinario, patrimonial o de otra naturaleza» contra los funcionarios encargados del sistema de almacenaje.
La bodega de artículos vencidos acumula bienes rechazados por la institución en procesos en los cuales median reclamos administrativos y judiciales nunca resueltos. El estado de los trámites ni siquiera es conocido. Los años de almacenamiento restan espacio a las bodegas, generan costos y, según la auditoría, incrementan el riesgo de plagas, afectan los fármacos depositados en bodegas contiguas y amenazan la salud de los encargados. Hasta el 2018, dice la auditoría, los gastos de bodegaje ascendían a ¢625 millones, pero, hecho el cálculo, la institución nada ha avanzado en la solución.
La auditoría no es el primer cuestionamiento dirigido al sistema. En el 2011, la Caja incineró 880 toneladas de medicamentos vencidos a lo largo de siete años, pérdida que ascendió a unos ¢740 millones. Entre los fármacos había antibióticos, sueros y medicinas para enfermedades específicas, además de otros bienes, como un lote de guantes de látex con más de 14 años en la bodega.
El nuevo informe de auditoría desembocó en la intervención del Área de Almacenamiento y Distribución, encargada del sistema de bodegaje y entrega de insumos en todo el país. Sin señalar las razones, la Caja informó de la intervención como una medida necesaria para atender «oportunidades de mejora».
La falta de transparencia también se manifiesta en las razones ofrecidas por el gerente de Logística para evitar responder a nuestras preguntas. Vega se inhibió de referirse a los aspectos de fondo «sobre los cuales podrían eventualmente derivarse, si así se determina pertinente, acciones de orden administrativo o legales donde prevalecen los principios de índole constitucional».
Nadie parece haber informado al gerente sobre el rango constitucional del libre acceso a la información y la rendición de cuentas. Alegar eventuales responsabilidades de los encargados del sistema de almacenamiento para negarse a responder es ridículo. Si aceptáramos el argumento, sería el fin de la rendición de cuentas. No hay una sola actuación anómala en el sector público en la cual no exista la posibilidad de establecer responsabilidades, por comisión o por omisión. No habría, entonces, explicación alguna mientras la propia institución decide si abre un expediente administrativo o eleva el caso a los tribunales.
La propia Caja ha violado una y otra vez la «norma» invocada por el gerente de Logística para no explicar las «oportunidades de mejora» detectadas en un área por donde fluye un río de recursos públicos. A lo largo del escándalo por la compra de mascarillas, funcionarios de la institución, incluido su presidente ejecutivo y la propia Auditoría, contestaron preguntas, no siempre con exactitud, pero al menos no rehusaron dar explicaciones.
