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Un espacio de 650 metros cuadrados (m²) en el Centro de Distribución Especializado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en La Uruca, San José, muestra el descuido y desperdicio de fondos públicos en la entidad. Allí, 520 tarimas de madera soportan cientos de cajas de cartón con medicamentos y otros artículos vencidos desde 2003.
La montaña de cajas corresponde a productos que la institución rechazó a proveedores por diferentes razones y, luego, presentó reclamos en vías administrativas y judiciales que nunca se resolvieron o se desconoce el estado del trámite. Por lo tanto, los productos se acumularon poco a poco hasta llegar al escenario actual.
Mantener esos bienes almacenados por tantos años le resta capacidad de almacenaje, eleva costos administrativos, incrementa el riesgo de plagas, afecta fármacos depositados en bodegas contiguas y amenaza la salud de los funcionarios.
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Todas esas deficiencias son parte de una auditoría realizada en la Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI), las cuales obligaron a ordenar la intervención de ese departamento que administra todo el sistema de almacenamiento de la CCSS en el país.
La oficina de prensa de la CCSS informó, el viernes anterior, sobre la intervención, pero omitió las causas que motivaron esa decisión. Se limitaron a decir, en un escueto boletín, que buscan atender “oportunidades de mejora”.
La intervención de ese departamento es una de las 20 instrucciones emitidas por la Auditoría Interna debido a ausencia de información, diferencias en inventarios, incongruencias en facturas por servicios de transporte, artículos almacenados sin seguros que los protejan de tragedias como incendios y hasta funcionarios fallecidos y pensionados quienes aún tienen accesos activos a los sistemas informáticos de las bodegas.
La Nación intentó conversar con Esteban Vega de la O, gerente de Logística, pero pidió coordinar la entrevista con la Dirección de Comunicación de la Caja. Esa gestión se realizó este martes 5 de octubre, al mediodía.
Vega manifestó, por medio de un correo recibido las 8:31 p. m. de este martes, que no se puede hacer comentarios porque “existen elementos que podrían conllevar al establecimiento de responsabilidades de carácter administrativo, disciplinario, patrimonial o de otra naturaleza” contra los funcionarios encargados de los sistemas de almacenaje.
“Cabe mencionar, que la Gerencia Administrativa ha emitido resoluciones iniciales para garantizar el cumplimiento estricto de los principios de buen gobierno, sana administración, probidad y transparencia en la administración escrupulosa de los recursos institucionales.
“Por lo cual, estoy inhibido a referirme a los aspectos de fondo sobre los cuales podría eventualmente derivarse, si así se determina pertinente, en acciones de orden administrativo o legales donde prevalecen los principios de índole constitucional”, agregó.
Según los auditores, en 2018 la institución calculó que los gastos por concepto de bodegaje solo en el área de 650 m² ascendían, hasta ese año, a ¢625 millones.
Desde entonces valoraron varias alternativas para ordenar la bodega, destruir los productos vencidos y avanzar con los reclamos a proveedores, pero, según el análisis de la Auditoría, la entidad no ha realizado ninguna acción para tener una solución definitiva.
Una de las ideas para liberar la bodega es levantar actas con un notario, guardar una muestra por cada reclamo con el objetivo de finalizar los procesos judiciales o administrativos y destruir lo restante. Sin embargo, esa tarea no se ha ejecutado, pues requeriría personal y maquinaria que está ocupada en otras labores.
¿Qué hay en esas 520 tarimas? El órgano fiscalizador no halló información suficiente para responder esa pregunta con precisión.
Sin embargo, hay cuadros de Excel y listas que permiten identificar 86 tipos de productos. Algunos carecen de datos como código de artículo, número de orden de compra, número de reclamo y fecha de vencimiento. Lo que sí está claro es que la mayoría tienen más de 10 años apilados.
La escasez de información está relacionada con la resistencia de funcionarios para atender los requerimientos de la Auditoría Interna para el estudio. De acuerdo con la documentación, la Gerencia de Logística deberá emitir, en un mes, un informe para determinar por qué varios funcionarios ignoraron hasta ocho peticiones de datos la Auditoría, lo cual podría significar violaciones a la Ley de Control Interno.
El jefe de almacenamiento y despacho en la CCSS es Johnny González Carrillo, quien figura entre los que habría evadido consultas de la Auditoría.
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Papel hasta para 25 años
En plena era digital, la CCSS mantiene embodegadas boletas para trámites que cubrirían necesidades hasta por 25 años. Ese es el caso de los comprobantes de egreso, que llegaron a la bodega por última vez en enero del presente año y hay un saldo para más de dos décadas (300 meses). La última ocasión que despacharon ese tipo de comprobantes a clínicas y hospitales fue el 11 de enero anterior.
Pero hay más. Por ejemplo, en 2006 adquirieron comprobantes para ingresos de pacientes por enfermedad y maternidad y aún hay saldo para 4,5 años. En 2007 compraron boletas para pago de viáticos y aún hay inventario para 4,5 años.
El estudio de la Auditoría Interna indica que existe papelería resguardada que ha dejado de usarse por diversas razones, una de ellas es la utilización del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) desde hace varios años.
Agregaron que el almacenaje de papelería en condición de obsolescencia o de muy bajo despacho representa un costo económico por pagos de alquiler de instalaciones, pago de recurso humano y tecnológico para la custodia y administración de esos bienes.
En un máximo seis meses, la Gerencia de Logística deberá emitir un análisis relacionado con el consumo de papelería y precisar si se requieren o se libera el espacio en las bodegas.
No es la primera vez que ocurren presuntas irregularidades en almacenes de la Caja Costarricense de Seguridad Social. En 2011 tuvieron que incinerar ¢300 millones en estrógenos y ¢180 millones en fármacos para atende pacientes con inmunodeficiencia humana. En esa oportunidad se desecharon 880 toneladas de medicamentos.
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