Editorial: Cuestión de prioridades

La disminución aviva un trascendental debate sobre metas y realidades de los programas sociales. La presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León Marchena, atribuye el ajuste a una fijación fantasiosa de los objetivos durante la administración Alvarado. La meta de 384.000, dijo, no tenía contenido presupuestario y los programas sociales no deben mantenerse “a punta de deuda”.

El exministro de Hacienda Elian Villegas Valverde no tardó en salir al paso de esas apreciaciones y recordó el cumplimiento de los objetivos durante los cuatro años del gobierno anterior. “En la administración Alvarado Quesada, que incluyó los años de atención de la pandemia, la cobertura rondó los 400.000 estudiantes en preescolar, primaria y secundaria”, pues mantenerlos en el sistema educativo es una prioridad, afirmó.

Villegas no negó el faltante de ¢28.000 millones señalado por León en el presupuesto de Avancemos para el 2022, pero lo consideró normal porque un período presupuestario no siempre se inicia con la totalidad de los recursos. Ingresan a lo largo del año y corresponde a los encargados de la política social gestionar lo necesario para cumplir las metas. Ese esfuerzo, dice Villegas, se habría facilitado por la recuperación de los ingresos tributarios a partir del 2021, lo cual creó espacio para la inversión social. En el propio 2022, los diputados ayudaron a eliminar el faltante con una asignación presupuestaria y León admitió haber participado activamente en la obtención de esos recursos.

En auxilio del planteamiento del exministro de Hacienda está el cumplimiento de las metas de Avancemos durante una de las administraciones más atribuladas por la situación fiscal en la historia reciente. El gobierno anterior se inauguró al borde del abismo hacendario legado por la administración de Luis Guillermo Solís y se vio obligado a anunciar, casi de inmediato, un plan de reducción de gastos sin el cual no habría sido posible impulsar la reforma fiscal de cuyos frutos goza el país en la actualidad.

Según Villegas, el ajuste no podía hacerse a costa de la inversión social porque eso conduciría a un proceso de deslegitimación de la reforma misma, “tal como está ocurriendo hoy día”. Según León, las metas de la administración Alvarado para las becas de Avancemos era irresponsable dada la limitación de recursos en las arcas del Estado.

A fin de cuentas, el debate conduce a preguntar por las prioridades asignadas al gasto público. Avancemos beneficia a estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema con una beca de entre ¢18.000 y ¢40.000 mensuales, dependiendo del grado en que se matriculen. El propósito fundamental es evitar la deserción de alumnos con buenas razones socioeconómicas para dejar el aula. El alejamiento del sistema educativo priva al país de ciudadanos mejor formados y a los estudiantes de la oportunidad de insertarse con mayor éxito en el mercado laboral. En cambio, ofrece a las pandillas posibilidades de reclutamiento y atiza la criminalidad identificada por los ciudadanos como el principal problema del país en las encuestas recientes.

El doble beneficio de elevar el nivel educativo de la población y ofrecer a los jóvenes posibilidades de progresar lejos de la violencia obliga a preguntar si la inversión en becas rendiría mayores frutos en otro ámbito del gasto público o si, por el contrario, los beneficios justifican los esfuerzos hechos por la administración anterior, en condiciones más difíciles.