Pese a la queja por el exceso de comisiones en el Congreso, bautizada como «comisionitis», los diputados avalaron la constitución del nuevo foro. La decisión evidencia un claro entendimiento de los efectos de lo sucedido y el reto de revertirlos mediante urgentes medidas correctivas.
La crisis de la educación es profunda, evidente e indiscutible. El concepto de «apagón educativo» introducido en el VIII Informe del Estado de la Educación, describe acertadamente el acontecimiento que profundizó falencias históricas a un punto insospechado: nuestros niños y adolescentes quedaron en la oscuridad con la pérdida de clases y aprendizaje durante los tres meses de huelgas en el 2018; las protestas intermitentes en 2019; y la llamada educación a distancia de la pandemia en 2020 y 2021, con una buena parte de los estudiantes sin siquiera posibilidades de contactar a sus maestros por falta de conectividad.
Durante esos cuatro años, la pérdida de lecciones acumuladas fueron equivalentes a un 80% de un año lectivo regular en primaria y un 72% en secundaria. Las interrupciones afectaron significativamente materias fundamentales como español y matemáticas. Todo sucedió en un área a la cual el Estado dedica ¢2,5 billones. El Ministerio de Educación, regente del sector, tiene la planilla más grande del país, con 85.000 funcionarios.
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Hasta el momento, la única estrategia para atender el apagón es un plan de nivelación legado por el gobierno anterior, implementado con muchas carencias y del cual poco se conoce a la fecha. El nuevo gobierno todavía no da a conocer su estrategia y son pocas las acciones emprendidas en el ámbito educativo propiamente dicho. Una de ellas fue la eliminación de las pruebas nacionales FARO, lo cual no parece contribuir a atacar el apagón porque no se le acompañó de una nueva estrategia de evaluación necesaria para entender la magnitud del vacío de conocimientos. También se anunció la iniciativa de convertir 27 escuelas en «modelos de responsabilidad y participación social». Es importante tener ejemplos de ese tipo, pero no se puede perder de vista que las 27 instituciones solo representan el 0,6% de los 4.585 centros educativos del país. Falta un plan más integral y el tema de la educación debe mantenerse en primer plano.
Por eso, la Comisión Legislativa que presidirá la liberacionista Sonia Rojas tiene una gran tarea por delante. Según lo previsto, después del receso legislativo comenzará a llamar a los principales representantes del sector, entre ellos, autoridades públicas y especialistas de otros ámbitos. La primera convocada fue Isabel Román, coordinadora del programa Estado de la Educación, que no ha cesado en su clamor por políticas y estrategias más contundentes para atender el apagón.
La comisión también escuchará a la ministra Anna Katharina Müller, representantes de las universidades públicas, del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los sindicatos de educación, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt).
La esperanza es que el debate conduzca a la rápida adopción de medidas para evitar la prolongación del apagón educativo y sus consecuencias. Ya las universidades alertan de que los graduados de secundaria llegan sin dominio de conceptos básicos en materias como inglés, matemáticas o química. Se han visto obligadas a poner en práctica programas de recuperación donde el rezago se hace evidente.
Las advertencias son muchas y tienen diversos orígenes. Apenas el mes pasado, un informe de Unicef y el Banco Mundial señaló que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe no tendrán capacidad de comprender un texto como consecuencia de la «catástrofe» causada por el cierre de escuelas durante la pandemia. Costa Rica está en esa lista.
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