El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, expuso la situación fiscal con una expresión muy clara: la riqueza producida por el país se está yendo en pagar la deuda pública. En la Asamblea Legislativa, advirtió a los diputados de que, el año pasado, el 40% del gasto del Gobierno Central se destinó al servicio de la deuda.
Unos ¢2,45 billones se usaron en amortizaciones, es decir, en devolver a los acreedores el dinero que prestaron mediante la compra de bonos soberanos cuyo plazo expiró. En tanto, ¢1,9 billones se destinaron al pago de intereses de los bonos todavía por vencer.
La cifra total, de ¢4,35 billones, equivale a casi un 11% del producto interno bruto (PIB), es decir, de todos los bienes y servicios producidos en el país. Esta situación «constriñe» el gasto público, añadió el ministro. «Tiene trascendencia porque va generando una contracción», explicó.
Este año, la situación será igual de difícil y el panorama tampoco es bueno para el Presupuesto Nacional del 2023, adelantó Hacienda. Solo en enero próximo, por ejemplo, Costa Rica debe honrar un vencimiento de deuda por $1.000 millones (¢688.000 millones al tipo de cambio actual).
Acosta explicó que el «peor problema», en el 2023, es que el endeudamiento absorbió el crecimiento del presupuesto, «dada la regla fiscal» aprobada en el marco de la reforma del 2018. En vista de que actualmente la deuda pública supera el 60% del PIB (de hecho se acerca al 70%), el sector público debe cumplir un estricto límite al crecimiento del gasto público, derivado del mecanismo legal conocido como regla fiscal. El objetivo de la regla es evitar un empeoramiento de la situación fiscal.
Si bien el país registró una importante contención del gasto corriente y una mejoría en la recaudación de impuestos después de la reforma fiscal del 2018, la estructura del gasto sigue siendo extremadamente rígida y vulnerable. Después del 40% que se va en atender la deuda pública, casi un 26% del gasto del Gobierno Central se destina a transferencias corrientes a otras instituciones y un 24% a salarios.
Esos compromisos, sumados al gasto en servicios, provocan que, finalmente menos de un 5% se pueda destinar a obras públicas y equipamiento en beneficio de los contribuyentes que sostienen el Estado. No sorprende, entonces, que Costa Rica haya obtenido una de las peores calificaciones en una medición del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la velocidad promedio en las carreteras. Esta es la evidente consecuencia de no tener espacio para invertir en obras, como es necesario.
Las prioridades del gasto son claras con el siguiente ejemplo: el presupuesto para pagar amortizaciones e intereses se ejecutó en más de un 90% el año pasado, mientras que el de bienes duraderos del Gobierno (obras) en solo un 24%.
Las alertas del ministro de Hacienda sobre el panorama fiscal fueron emitidas en el marco de la discusión del proyecto de eurobonos, que permitiría al Gobierno colocar $6.000 millones en el mercado internacional para obtener financiamiento con mejores tasas y plazos, que en el mercado local.
La ventaja de los eurobonos parece obvia y es indispensable honrar las deudas. La Asamblea Legislativa debe actuar con prontitud para asegurar la colocación oportuna de los títulos en el mercado internacional. Sin embargo, la tarea de reestructurar el gasto público sigue pendiente y, sin que esta se complete, el orden de prioridades seguirá atado a las limitaciones experimentadas en este momento. Es preciso romper ese círculo.
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