Un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) nos confronta, nuevamente, con una gran debilidad nacional de la que estamos plenamente conscientes, pero muy poco hemos hecho por solucionarla de manera oportuna, sistemática, flexible y responsable: nuestra rezagada infraestructura. Según la investigación, realizada por dos economistas del FMI y divulgada a finales de mayo, estamos hundidos en el lugar 144 como país con viajes más lentos, entre 167 considerados, apenas mejor, en América, que Haití, Nicaragua y Guatemala.
El estudio trata un problema puntual de otro mayor: el inadecuado planeamiento, estructuración, diseño, inversión, administración y mantenimiento de nuestras vías de transporte. Su impacto sobre la calidad de vida, la competitividad y las diferencias regionales del país es muy serio. Sin embargo, y pese a avances en los últimos años, seguimos girando sin movernos, y sin definir y poner en marcha un verdadero programa nacional, con visión de largo plazo, estrategia clara, institucionalidad robusta y gestión competente.
El reto más amplio, que experimentamos en nuestra vida cotidiana, ha sido plena y reiteradamente documentado por el Foro Económico Mundial. Por ejemplo, en su Índice de competitividad global del 2019, el último realizado antes por la pandemia de la covid-19, Costa Rica ocupó, en el promedio de todos los indicadores, el lugar 62 entre 141 países considerados: un rango sin duda insuficiente, pero no alarmante, que en América Latina solo superaron Chile, México, Uruguay y Colombia.
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Sin embargo, al desgranar esos indicadores, se ponen de manifiesto las disparidades internas que tenemos, y cuánto incide la mala infraestructura en nuestra calificación general. Por ejemplo, mientras en suscripciones de telefonía celular ocupamos el puesto siete, en calidad del entrenamiento vocacional el 17 y en expectativa de vida el 24, al medir la calidad de la infraestructura vial nos precipitamos al puesto 117 y en conectividad de carreteras, al 103.
La falta de inversión es el gran problema de origen de esta situación. De acuerdo con un ensayo del experto Federico Villalobos Carballo, en la publicación Diez propuestas para mayor bienestar, de la Academia de Centroamérica, mientras el Plan Nacional de Transporte estima necesario un nivel de inversión en infraestructura equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB), apenas destinamos el 1% en la actualidad, y no siempre con un adecuado orden de prioridades.
El Estado no tiene los recursos necesarios para atender esa necesidad; más bien, en crisis fiscales como la actual, lo primero que se recorta son las inversiones. Ante tal carencia, que difícilmente se resolverá a mediano —o incluso largo— plazo, se impone desarrollar otras opciones. Existen varias, y Villalobos cita cuatro: desarrollar nuevos proyectos mediante alianzas público-privadas; destinarlas no solo a la construcción de nueva infraestructura, sino también a mejorarla, operarla y mantenerla; dar prioridad al mantenimiento de los activos existentes; y estimular el mercado de valores para complementar la optimización de los activos.
Todas esas iniciativas han sido emprendidas por otros países, como, por ejemplo, Chile. Costa Rica tiene legislación base que permitiría avanzar de inmediato, a la vez que se diseñan nuevas normas para lograrlo. Sin embargo, también se requiere un esquema de planificación, prioridades, competencia, adjudicación y administración altamente profesional, integral y estable, que permita generar una amplia cartera de proyectos y, por esa vía, atraer inversionistas, tanto públicos como privados, en un marco de absoluta transparencia, probidad y seguridad jurídica. Esto, sin embargo, no ha ocurrido, debido a fallas institucionales y deficiente gestión.
El momento de empezar a caminar por la vía correcta, y ojalá a buena velocidad, siempre es ya. Se trata, en esencia, de un desafío de política pública que no debemos postergar por más tiempo.
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