Anna Katharina Müller apenas cumple dos meses al frente del Ministerio de Educación y ya se declara «cansada» de firmar documentos relacionados con procesos contra docentes acusados de acoso sexual. El cansancio lo expresó ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa a cuyos integrantes explicó el presupuesto de la institución.
No es difícil comprender el cansancio de la ministra. Hay cientos de casos y, según Rocío Solís, viceministra Académica con 18 años de experiencia en la Contraloría de Derechos Estudiantiles, el problema es más grave de lo que se podría creer con base en las cifras conocidas, porque es muy frecuente el ocultamiento del abuso y el hostigamiento en los centros educativos.
La ministra dijo haber pedido apoyo a los sindicatos de la educación para enfrentar el problema y reivindicar al «docente decente» como pilar de la sociedad. Ojalá lo reciba y puedan iniciar un esfuerzo conjunto para erradicar comportamientos inaceptables. La primera razón para hacerlo es la defensa de los estudiantes, pero los educadores también merecen la depuración del gremio y la preservación de su prestigio.
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Los sindicatos deben revisar su conducta en esta materia. Lejos de estar obligados a defender a todo docente acusado, deben poner en primer término los intereses del estudiantado y los de esa inmensa mayoría de «docentes decentes», para emplear la expresión de la ministra. Una cuidadosa evaluación de los casos para detectar denuncias caprichosas o malintencionadas antes de comprometer recursos en la defensa del afiliado contribuiría a alcanzar los fines propuestos por Müller.
En el 2017 y el 2018, abogados sindicales defendieron a 113 educadores, todos hombres señalados por estudiantes de escuela y colegio por tocamientos, insinuaciones y proposiciones de tipo sexual a cambio de notas. Entre esos docentes probablemente habría inocentes, pero en otros casos también existirían indicios de conductas inapropiadas.
El derecho a la defensa es inviolable, no cabe duda, pero vale preguntar si los sindicatos deben prestarse para ejercerlo gratuitamente en todos los casos, aun contra el legítimo interés de los demás agremiados en la depuración de la profesión y en la defensa de los jóvenes cuya protección y educación se les confía.
También es preciso revisar la ley para ajustarla a las necesidades de protección de la comunidad estudiantil. Con frecuencia, los agresores son trasladados a puestos administrativos y luego devueltos a la docencia en otros planteles, a veces por formalismos procedimentales o prescripción, sin que se haya esclarecido el fondo del asunto.
La Policía y el cuerpo docente son dos instituciones donde los riesgos de mantener a personas bajo fundada sospecha de conductas ilícitas son inaceptables. La pérdida de confianza, bien justificada, debería bastar para alejar al educador u oficial del cargo y de las personas a quienes podría dañar. El ordenamiento jurídico debe encontrar espacios para equilibrar el derecho a la defensa y la protección de los menores en los centros educativos o de los ciudadanos en todas partes.
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