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Rocío Solís también fue viceministra de Educación, en el gobierno de Luis Guillermo Solís. (Mayela López)
En una escuela del Ministerio de Educación Pública (MEP) había un niño con una estatura muy inferior a la de sus compañeritos. Para su maestro, esto era motivo de burla y tenía la costumbre de levantar al menor con la mano, limpiar el pizarrón con él y arrojarlo al basurero, en frente de toda la clase. Todos en el salón reían.
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Este abuso ocurrió hace unos cuatro años y fue denunciado a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP por una madre luego de que su hijo, compañero del menor abusado, le contara lo que hacía el profesor. En la escuela, todos los demás docentes y personal administrativo sabían que esto ocurría, pero callaron a pesar de que existe un protocolo oficial para intervenir en estos casos y de las leyes que protegen los derechos de los menores de edad.
Lejos de ser una situación aislada, el ocultamiento del bullying, los maltratos físicos, el abuso sexual y el hostigamiento sexual contra menores de edad es una situación frecuente en los centros educativos públicos, privados y de corte religioso del país. Así lo denunció Rocío Solís Gamboa, quien durante 18 años estuvo a cargo de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP.
Solís se pensionó en diciembre anterior. Dejó su cargo con el sinsabor de que, según afirmó, los casos de abuso que llegan hasta esa dependencia del Ministerio son apenas la punta del iceberg de la realidad nacional.
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“Nos llegaban los casos de denuncias cuando ya era algo grave y veíamos que los docentes no habían hecho nada y el chico agredido (por profesores o sus mismos compañeros) tenía afectación psicológica o física. No denunciaban porque no querían que la Contraloría de Derechos Estudiantiles llegara e interviniera el centro educativo”, explicó Solís.
Problemática en centros privados
La exfuncionaria aseveró que, además de lidiar con la inacción de los docentes del MEP, debían enfrentar una actitud similar en los colegios privados incluso aquellos con formación religiosa donde, según ella, “es muy común” que se oculten los maltratos a niños y adolescentes.
“En los colegios de corte religioso y privados es una cuestión de estatus, de imagen. En los colegios privados, ellos niegan todo, lo tapan. Los profesores no denuncian porque pierden el empleo; sí ha existido algunos que denuncian, pero, generalmente no hacen nada, se burlan y hasta se asocian con el bulleador.
“En los colegios privados hay una gran desvalorización de los lineamientos del MEP y consideran que están por encima del ente rector de la educación. Existe una gran violación de los derechos de los menores de edad en esos centros basados en la independencia y libertad de educación que dicen tener “, manifestó Solís.
Al respecto, Rommel Porras, vicepresidente de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) y director General de Kamuk School, dijo no creer que haya algún centro público o privado que, con conciencia, permita y tolere el bullying.
“Muchas veces hay centros que no son conscientes de esta agresión sistemática que es el bullying; muchas veces eso no sale a la luz, no se ve, por eso es que se puede pensar que no se le da atención.
“Si soy consciente de lo que es bullying y, si yo veo y soy testigo, nadie puede permitirlo ni tolerarlo y mucho menos decir que lo voy a esconder por un tema de imagen, porque acaso es el centro el propiciador del bullying. No, estas son conductas entre personas. El centro educativo media, interviene, ayuda y fortalece, pero no lo propicia”, manifestó Porras.
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Para Solís, sin embargo, mientras en los colegios privados y religiosos incide un tema de imagen, en las instituciones públicas los docentes no denuncian ni aplican los protocolos porque implica más trabajo, y porque no quieren verse envueltos en un problema con las familias de los alumnos, más que todo en comunidades conflictivas.
En su criterio, tampoco lo hacen por desinterés. Aseguró que desde la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP se han hecho llamados para capacitaciones sobre los protocolos y para sensibilizar sobre el problema, pero los directores y docentes no quieren asistir, e incluso los mismos supervisores les dicen que no acudan.
Desde el pasado viernes 4 de marzo, La Nación solicitó al MEP un criterio sobre lo denunciado por la exfuncionaria, pero al cierre de esta información no se había recibido respuesta.
Según el Departamento de Estadística del Ministerio, en 2018, se registraron 31.518 denuncias de abusos en centros públicos, privados y subvencionados; en 2019 esa cifra subió a 41.314. Esos son los últimos datos registrados.
En el 2019, del total de casos, 37.281 estuvieron relacionados con conflictos entre estudiantes: 2.816 correspondían a abusos de alumnos a docentes y 788 de educadores a estudiantes. En las dos últimas categorías se presentan, principalmente, situaciones de violencia verbal, física, bullying, psicológica y de tipo sexual.
Esas cifras constituyen, precisamente, lo que Solís describe como la punta del iceberg.
Casos que marcaron
Rocío Solís explicó que uno de los casos que más la marcó durante sus años de gestión fue el de un niño de escuela pública que se quitó la vida por la violencia y maltrato que sufría en el hogar. Nadie en la institución lo ayudó.
“El niño sufría agresión dentro del hogar y no se había detectado en la institución educativa; el niño tenía mucho temor de llegar a la casa y eso me marcó enormemente de ver cómo el sistema educativo no lo detectó; fue realmente muy triste”, manifestó la exfuncionaria.
En el caso de los colegios privados o de corte religioso, se han hecho públicos casos de negligencia en la atención de maltratos y abusos contra menores de edad.
En junio del 2019, alumnas y exalumnas del Colegio Claretiano , en Heredia, denunciaron situaciones presuntamente ocurridas en ese liceo y que no fueron atendidas.
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“Yo también fui víctima de un profesor del Claretiano. Se trata de xxxx el de música, una vez me llevó a la parte de atrás del aula de música para ‘afinar’ mi voz para el examen. Empezó a tocar mis pechos y me dio un beso en la boca, esto fue en el año 2014, no pasó a más porque llegaron unos estudiantes de quinto, de la banda, a buscarlo.
“El director me dijo que no dijera nada para no afectar la reputación del colegio. Esto fue a finales del 2017 y que, actualmente, 2020, siga pasando, es sumamente doloroso”, manifestó una de las denunciantes
En ese momento, las autoridades del centro educativo calificaron el hecho como una “campaña de desprestigio” y aseguraron que personal mencionado en las denuncias había sido despedido.
También, en marzo del año pasado, una exalumna del Colegio Calasanz, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, San José, denunció que ese centro educativo privado habría encubierto actos violencia sexual en su contra, cometidos por dos compañeros de generación, en el 2016, cuando cursaba décimo año.
La joven, de apellidos Cruz Carrillo, relató esos hechos a través de sus redes sociales, luego de que trascendieran fotografías de carteles, presuntamente colgados en el baño de mujeres de ese mismo colegio, que narraban actos similares.
La joven de 21 años afirmó que ella y su familia fueron presionados y manipulados por el entonces director de la institución, un sacerdote de nacionalidad dominicana, así como por las psicólogas, para que no presentara una denuncia penal contra los dos estudiantes.
¿Qué pasa a nivel disciplinario en el MEP cuando se enteran que algún docente encubrió o protagonizó casos de maltratos a menores?
“Es un calvario para los que denuncian; eso se queda ahí y muchas veces se archivan (los expedientes disciplinarios contra los docentes) por ‘falta de pruebas’. Es muy frustrante todo ese proceso más cuando se sabe que la persona es un agresor y que lo seguirá haciendo, pues no tiene consecuencias”, respondió Rocío Solís.
Precisamente, a este tema se refirió Rocío De la O Díaz, fiscala Adjunta de la Niñez y la Adolescencia, el lunes 28 de febrero, en el Programa radial del Ministerio Público que se trasmite en Radio Columbia.
De la O recordó la obligación que tienen los docentes de denunciar la violencia contra lo menores de edad y que si esta constituye un delito, están obligados a interponer la respectiva denuncia ante las autoridades si no cometen el delito de incumplimiento de deberes y, en personal privado, responsabilidad disciplinaria y civil.
“La ley le exige a todo funcionario público que debe denunciar. La ley está por encima de los protocolos,no hay que esperar el visto bueno de nadie. A los funcionarios públicos se les insta a denunciar de forma inmediata, si no lo hacen puede cometer un delito funcional”, manifestó la fiscala.
