Ingresamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para conocer y compartir las mejores prácticas internacionales. En materia de empleo público, somos ejemplo de las peores y mostramos poco interés en aprender. El dato es contundente: entre los países de la OCDE, ninguno gasta en remuneraciones a empleados públicos un porcentaje tan alto de sus ingresos. Somos los campeones y no por escasa diferencia: la burocracia nacional consume más del doble del porcentaje de los ingresos totales que los demás países de la organización dedican, en promedio, a pagar salarios.
Los países de la OCDE gastan el 25 % de sus ingresos en remuneraciones, pero Costa Rica dedica el 50 % al mismo rubro. En nuestro país, el empleo público representa el 13 % de la fuerza laboral y, en los demás, el promedio se acerca al 20 %. En la mayoría de esas naciones quedan recursos para infraestructura y servicios cada vez menos satisfactorios en la nuestra. Existe, también, la posibilidad de contratar policías, agentes de tránsito y todo el personal necesario para ofrecer servicios demasiado escasos en Costa Rica.
Ante ese hallazgo del Informe económico sobre Costa Rica, escrito en julio, iniciativas como la ley de empleo público, aun sin sus graves defectos, son un tímido inicio. El problema es monumental y se ha venido desarrollando a lo largo de décadas. O lo enfrentamos con la seriedad y determinación necesarias, o se resolverá solo y de la peor manera, mediante una crisis de proporciones históricas.
Iniciativas como la ley de empleo público —si el Congreso enmienda las disposiciones que más bien la harían onerosa o la tornarían ineficaz— son pasos en la dirección apropiada, pero muy cortos en relación con la distancia por recorrer. En algún momento de la historia, una buena reforma pudo salvarnos de llegar a situaciones límite. Ahora, hará falta mucho más.
Por eso preocupa la tardanza del proyecto, los defectos subsistentes después de varias redacciones y, sobre todo, la falta de otros ajustes estructurales igualmente necesarios para reducir el aparato estatal y su costo. Si la ley se aprueba con las modificaciones necesarias, habremos avanzado, cuando menos, en uno de los aspectos más señalados por el informe: los 260 pluses salariales que han tornado al empleo público en un factor “demasiado complejo, poco claro y sumamente difícil de controlar”, en palabras de la OCDE.
Al amparo de tantos pluses, “los salarios del sector público son casi un 50 % más altos que en el sector privado, después de tomar en cuenta las características de los empleados” y en el propio Estado hay diferencias salariales hasta del 600 % para el mismo puesto, todo lo cual contribuye significativamente a la desigualdad.
A la anarquía coadyuvan, de forma decisiva, las instituciones autónomas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En ese sector está la mayor parte de los pluses y, por supuesto, los más altos salarios. En este punto hay otra tarea pendiente: urge preguntarnos si la prestación de los servicios encomendados a esas entidades depende del pago de salarios exorbitantes.
No podemos seguir por este rumbo y no es casualidad que países más prósperos hayan optado por caminos tan diferentes. El sector privado, fuente de empleo y sustento para la inmensa mayoría de costarricenses, no debe seguir arrastrando excesos y desperdicios. Por lo menos, es necesario despejar en el horizonte un lugar donde el gasto superfluo sea mínimo y el Estado corresponda el esfuerzo de la sociedad con calidad.
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