EscucharPor transparencia y real apego a la representatividad democrática, la decisión sobre quién debe ocupar un cargo de tanta trascendencia como el de regulador general de los servicios públicos no debe quedar sujeta al “silencio positivo”, es decir, a que venza el plazo para que la Asamblea Legislativa discuta y resuelva, y, por ello, el actual ocupante del puesto siga en él durante seis años más.
Esto, sin embargo, es lo que parecen pretender el gobierno y la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), empeñados en mantener como cabeza de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a Roberto Jiménez Gómez, cuyo nombramiento vence el próximo 8 de mayo. El intento debe ser rechazado.
Dos hechos levantan serias sospechas sobre las intenciones del oficialismo. Por un lado, el Consejo de Gobierno propuso la reelección al Congreso el 14 de diciembre, muy cerca del receso navideño, lo cual acortó el tiempo efectivo para la acción legislativa; por otro, el jueves, los diputados del Partido Acción Ciudadana fueron, en dos ocasiones, los principales responsables de que no existieran los votos necesarios para ampliar la primera parte de la sesión y comenzar la discusión del asunto.
Y si la decisión no se produce a más tardar el próximo jueves, vencerá el plazo de treinta días establecido para que la Asamblea objete los nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo y, por ende, Jiménez quedará reelegido automáticamente.
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A la discusión vigorosa que amerita la importancia del cargo, se añade otra razón muy poderosa: el desempeño del regulador. Durante su período, ha tenido graves enfrentamientos con la Junta Directiva, y hasta se atrevió a recriminar a la contralora general, Marta Acosta, por recibir a miembros de esta sin su “autorización”.
Más recientemente, se negó a aplicar una rebaja del 4,5% en las tarifas de autobuses, producto de la gran caída en los precios de los combustibles en el segundo semestre del 2020, con gran perjuicio para los usuarios y beneficios indebidos para los empresarios. La reducción se produjo extemporáneamente y apenas duró una semana.
El pasado jueves, poco antes de que los diputados del PAC impidieran abrir la discusión sobre su reelección, la Fiscalía anunció una acusación formal contra Jiménez por el delito de tráfico de influencias, debido al presunto nombramiento irregular de un funcionario. A este caso se añade otra investigación en curso, por la denuncia que presentó el diputado José María Villalta en junio del 2019, en la que alega acciones del regulador general en favor de los autobuseros.
Lo menos que debe hacer la Asamblea Legislativa es empezar de inmediato la discusión al respecto, en ejercicio de la transparencia, el adecuado escrutinio de los nombramientos y la búsqueda de la excelencia en la administración pública. Más aún, los hechos mencionados son suficientes para rechazar la propuesta del Ejecutivo y obligarlo a proponer otro nombre.
No es a golpe de tambor como debe decidirse la continuidad o cambio de un regulador general. La gran trascendencia de las decisiones de la Aresep, de las cuales dependen las tarifas de múltiples servicios públicos, obligan a un gran rigor en el proceso, a blindarlo contra interferencias políticas o sectoriales inconvenientes y a tratarlo con el profesionalismo que requiere.
El cargo no solo implica el ejercicio competente, imparcial y transparente, también, es cada vez más urgente la firmeza y visión suficientes para, por un lado, rechazar las presiones de las partes interesadas y, por otro, plantear reformas necesarias de la ley que regula los servicios públicos, particularmente, en relación con sus cálculos tarifarios. Y esta es una tarea que solo será posible con un cambio en la cúpula de la institución.
