Por: Juan Fernando Lara.   15 febrero
Vista del edificio de la Aresep en Guachipelín de Escazú.
Vista del edificio de la Aresep en Guachipelín de Escazú.

La Fiscalía investiga al regulador general de Servicios Públicos, Roberto Jiménez Gómez, por supuesto tráfico de influencias en relación con un nombramiento.

Como parte de la pesquisa, fiscales y agentes judiciales ingresaron a las oficinas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en Guachipelín de Escazú, confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Según datos del Ministerio Público, el caso se originó en una denuncia anónima según la cual, el regulador habría intervenido en el concurso 69-2016, para el nombramiento de un profesional (categoría) 4. El caso se tramita bajo el expediente 17-000079-1218-PE.

Los funcionarios judiciales se presentaron a eso de las 10 a. m. y se dirigieron al despacho del regulador, a la oficina de Servicio de Atención al Usuario y a la oficina de Recursos Humanos para recopilar pruebas.

Tras su ingreso, los agentes solicitaron a los empleados permanecer en un salón y que no utilizaran sus teléfonos celulares.

La Nación consultó desde la mañana de este jueves al departamento de prensa de la Aresep si algún funcionario iba a referirse al allanamiento.

"Hoy se realizó una diligencia judicial en la Aresep. La Institución operó con total normalidad y se colaboró en todo momento con las autoridades judiciales. No vamos a referirnos al asunto puesto que hay una investigación en desarrollo", respondió el área de prensa de la Autoridad Reguladora.

La Fiscalía confirmó que el allanamiento concluyó a media tarde del jueves y que, producto de la acción, "se secuestró evidencia tanto documental como informática".

Jiménez Gómez fue propuesto para el cargo por el presidente Luis Guillermo Solís. Este diario consultó al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, su opinión sobre lo ocurrido y respondió: "el Gobierno no tiene conocimiento ni relación con este asunto y es absolutamente respetuoso del accionar de los órganos judiciales".

Alfaro respondió: "el Gobierno no tiene conocimiento ni relación con este asunto y es absolutamente respetuoso del accionar de los órganos judiciales".

Nombramiento

En marzo del 2016 el Gobierno propuso a Jiménez Gómez como regulador general a partir del 8 de mayo de ese año, en sustitución de Dennis Meléndez Howell, quien dirigió la Aresep desde el 2010.

Sin embargo, desde un año antes de su postulación, Jiménez ocupaba el cargo de secretario técnico de la Autoridad Presupuestaria, adscrita al Ministerio de Hacienda.

No obstante, oficialmente seguía vinculado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) donde, por 20 años, había sido director de Planeamiento Ambiental.

Su candidatura al cargo de regulador generó rechazo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) debido al vínculo tan prolongado con el ICE.

“Es inadmisible e inconveniente que el candidato a dirigir la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fuera un alto jerarca de larga trayectoria en el ICE, entidad a la que tendría que regular si la Asamblea Legislativa confirma el nombramiento”, dijeron los representantes del sector empresarial en aquel momento.

Jiménez es regulador de los servicios públicos desde el 2006.
Jiménez es regulador de los servicios públicos desde el 2006.

El pasado mes de octubre, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al ICE gestionar el reintegro de ¢54,9 millones que le canceló a Jiménez, por concepto de cesantía.

El pago ocurrió en mayo del 2016 cuando Jiménez Gómez renunció al ICE para asumir el cargo de regulador general.

De acuerdo con el oficio del ente contralor DFOE-DI-1610, del 25 de octubre del 2017, en poder de este diario, queda bajo la exclusiva responsabilidad del Consejo Directivo del ICE “la atención oportuna, diligente y objetiva de lo ordenado por la CGR y en caso de incumplimiento injustificado ese órgano colegiado incurriría en causal de responsabilidad”.

Sin embargo, la orden no está en firme pues fue recurrida por el Instituto, según confirmó la oficina de prensa de la Contraloría.