Silvia Ribeiro. 7 septiembre

CIUDAD DE MÉXICO– Pese a los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, el avance hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo tan decepcionante como siempre.

Lo anterior llevó a algunos a promover nuevas soluciones tecnológicas presuntamente capaces de evitar una catástrofe. Por ejemplo, David Keith, de Harvard, propone confiar en la geoingeniería, es decir, la ejecución deliberada de intervenciones sumamente riesgosas a gran escala sobre el sistema climático de la Tierra.

El pasado marzo, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre medioambiente en Nairobi, Kenia, los Estados Unidos y Arabia Saudita bloquearon un llamado a un análisis profundo de la geoingeniería y de sus implicaciones para la gobernanza internacional.

Entretanto, en Estados Unidos parece que avanza un proyecto —con participación de Keith— llamado experimento de perturbación estratosférica controlada” (SCoPEx, por sus siglas en inglés), en el que se quiere poner a prueba una forma de geoingeniería llamada gestión de la radiación solar (SRM).

La SRM depende de la “inyección estratosférica de aerosoles”, que consiste en elevar un globo a gran altura para que disperse grandes cantidades de partículas inorgánicas en la estratosfera, con el objetivo de reflejar parte de la radiación solar hacia el espacio.

El proyecto SCoPEx planea enviar un globo cargado de instrumentos científicos hasta una altura de unas 12 millas (20 kilómetros) por encima de la tierra, para poner a prueba la reflectividad de varias sustancias.

Pero los aspectos técnicos del experimento son mucho menos importantes que sus derivaciones políticas, sociales y geopolíticas. Al fin y al cabo, la geoingeniería conlleva riesgos innegables.

La utilización a gran escala de la SRM puede alterar los monzones en Asia y causar sequías en África, con repercusiones sobre los suministros de alimentos y agua de dos mil millones de personas. El uso de ácido sulfúrico —la opción más estudiada y la que originalmente se iba a probar para el SCoPEx— puede agravar la destrucción de la capa de ozono. (Después se empezó a decir que en el SCoPEx únicamente se usarán carbonatos).

La reciente creación de un comité asesor independiente para el SCoPEx parece apuntar a legitimar un tipo de experimento que el resto del mundo considera demasiado peligroso. Además, todos los miembros del panel residen en Estados Unidos y en su mayoría están vinculados con instituciones de élite, lo que plantea dudas sobre los verdaderos intereses del proyecto.

Estas inquietudes se refuerzan por el hecho de que la presentación del proyecto SCoPEx es fundamentalmente manipulativa. Los resultados de un experimento de “pequeña escala” no equivalen a una evaluación creíble de los efectos de la ejecución de la SRM a la escala necesaria para la geoingeniería.

Como han explicado los climatólogos, el único modo de saber de qué manera afectará la SRM o cualquier otra técnica de geoingeniería al clima sería ponerla en operación a escala masiva durante varias décadas, ya que, de lo contrario, sus efectos serían indistinguibles de otras variables climáticas y del “ruido climático”.

Puesto que por su misma naturaleza no es posible “probar” la geoingeniería, proyectos como SCoPEx solo sirven para generar apoyo a experimentos de mayor escala y duración. Una vez destinados millones de dólares a crear las instituciones pertinentes y contratar grandes equipos será más fácil sostener que se necesitan más datos y, finalmente, defender la tecnología.

En este sentido, proyectos como SCoPEx sientan un nuevo y peligroso precedente para la ejecución unilateral de tecnologías de geoingeniería por parte de multimillonarios y de intereses creados.

De hecho, según señala el reciente informe Fuel to Fire (Más combustible al fuego) del Centro para el Derecho Ambiental Internacional y de la fundación Heinrich Böll, las empresas dedicadas a los combustibles fósiles llevan décadas invirtiendo en la geoingeniería. Para ellas, la promesa de una salvación tecnológica es un pretexto ideal para continuar sus actividades destructivas y sumamente rentables.

Hace poco, la propia empresa de Keith, Carbon Engineering, recibió $68 millones de Occidental Petroleum, Chevron y de la gigante del carbón BHP (Billiton) para desarrollar otra propuesta de geoingeniería potencialmente peligrosa, la “captura directa del aire”, consistente en la extracción de CO2 de la atmósfera para su uso o almacenamiento.

Entre quienes originalmente aportan fondos a la empresa aparece el financiador de la industria de las arenas petroleras N. Murray Edwards, lo mismo que Bill Gates.

Permitir la continuidad de esos proyectos sin mandato político ni supervisión institucional puede llevar a que se afiance un sistema de autorregulación inadecuado para tecnologías con efectos de enorme alcance como la geoingeniería. Por eso, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) pidió a los gobiernos frenar las actividades de geoingeniería mientras no existan “mecanismos de control y normativos (…) mundiales, transparentes y eficaces”, de acuerdo con un “enfoque de precaución”.

La decisión del CDB hace una excepción para experimentos en pequeña escala, pero con determinadas condiciones que SCoPEx no cumple, entre ellas, que el experimento se realice en un “entorno controlado” y con consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y de las comunidades locales que puedan resultar afectados. Además, en el caso de SCoPEx, no parece que se haya tenido en cuenta voces críticas pertenecientes a la sociedad civil o a los gobiernos de los países en desarrollo.

Los promotores de SCoPEx parecen decididos a aprovechar la falta de ratificación del CDB por parte de Estados Unidos. El hecho de que el comité asesor de SCoPEx lo presida una funcionaria del gobierno de California (Louise Bedsworth) también nos hace preguntarnos si un estado que se posicionó como líder climático habrá aceptado la forma más controvertida de geoingeniería.

En vez de permitir a las empresas de los combustibles fósiles que saquearon el planeta para obtener ganancias seguir actuando en beneficio propio, el mundo debe establecer un sólido mecanismo regulatorio multilateral y democrático que incluya, entre sus opciones, la prohibición total de ciertas tecnologías. Mientras no exista un sistema internacional de esas características, no debe permitirse la continuidad de experimentos como SCoPEx, que pueden ser el caballo de Troya para la poner en práctica tecnologías peligrosas a gran escala.

Silvia Ribeiro: es directora para América Latina del ETC Group.

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