EscucharMás que nunca es preciso efectuar un análisis del costo, eficiencia y eficacia de la gestión de las políticas públicas. Nuestra inversión social aumenta, pero los resultados son decepcionantes.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza alcanzó al 22,4% de los hogares y, a falta de reactivación económica, es posible que el cuadro empeore. Debemos revisar con cuidado nuestras complejas y costosas políticas públicas en los sectores sanitario y educativo y en lo tocante a atención social, en lo que invertimos el 21% del PIB sin que los resultados sean satisfactorios.
Cada año se crean nuevas instituciones sin evaluar antes la necesidad y el financiamiento. Tenemos un Estado gigante, poco eficaz e inflexible, que no está diseñado para resolver los graves problemas sociales, ambientales, educativos, económicos, energéticos y tecnológicos que enfrentamos. Poco discutimos como sociedad sobre cuáles son las nuevas prioridades del país y si debemos fusionar instituciones o cerrar algunas.
Urgen las oportunidades, mejorar la educación pública y el servicio de salud, y asegurar a la población una vida decente. No debemos permitir que las oportunidades estén cada vez más concentradas en pocos individuos.
Tampoco deberíamos aceptar que el desarrollo sea un compromiso exclusivo del gobierno y no de toda la sociedad. El progreso humano debe ser un compromiso colectivo. Nuestra inversión social debe ser sostenible, pertinente y eficaz, y no estar sujeta a obligaciones constitucionales o ciclos económicos.
Nuestras inversiones deben ligarse a metas, que contribuyan a disminuir el desempleo y la pobreza. Tenemos que cerrar brechas territoriales y atender los cambios tecnológicos y demográficos.
Salud pública
En lo que respecta a la salud, debemos aumentar la productividad y buscar la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mejorando la calidad del servicio, su estructura y costos. Hay que resolver el déficit de médicos especialistas y aprovechar las modernas instalaciones y tecnología para conseguir economías de escala y transferencia de conocimientos.
La CCSS no debe posponer la digitalización de los procesos y el uso intensivo del EDUS. Está obligada a reducir los elevados costos administrativos. De una planilla de 61.000 empleados, solo 6.000 son médicos.
Hace falta una verdadera reingeniería. No es viable seguir por el mismo camino. Debe utilizar con eficiencia todo el equipo humano y físico, y articular las redes de servicios para brindar atención oportuna.
Tenemos que mejorar la capacidad resolutiva de los Ebáis para evitar la saturación creciente del segundo y tercer nivel. Es preocupante que por problemas dogmáticos y sin preocuparse por la sostenibilidad financiera no se haya querido evaluar la tercerización de más servicios, bajo estrictas normas de control. La coordinación de labores entre el Ministerio de Salud y la CCSS es vital, pues ambas instituciones son fundamentales.
Para mapear los problemas de los habitantes más vulnerables se creó el programa Puente al Desarrollo, con el fin de coordinar los esfuerzos y recursos del IMAS, el INA, el Instituto Nacional de las Mujeres, el PANI y los Ministerios de Vivienda y Trabajo.
El programa desarrolló un sistema de información y atención de beneficiarios (Sinirube), que permite centrarse en las familias más necesitadas que reciben recursos del Fodesaf y la JPS.
En este se nota también una gran dispersión institucional, que origina vacíos, duplicidades, falta de rectoría y altos costos operativos. Al archipiélago se agregan el Conapam, el INS y las pensiones del Régimen No Contributivo.
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Educación
No hay mayor prioridad que aumentar la calidad del sistema educativo y reformar el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública. No podemos manejar eficientemente un ministerio con 84.000 funcionarios, 27 direcciones, 207 circuitos, 4.554 juntas de educación, 10.000 cuentas comerciales, graves problemas de gobernanza, ausencia de información, débiles controles y sistemas de información desintegrados en 7.100 centros educativos.
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Las juntas de educación no tienen la capacidad de impulsar nuevos proyectos, fomentar la creatividad, evaluar a los docentes, establecer una organización más competitiva e incentivar la eficiencia. El MEP cuenta con el presupuesto más generoso del gobierno, que significa el 6,7% del PIB.
No es posible sostener un MEP cuya administración es centralizada e ineficiente. El MEP debería hacer alianzas con cooperativas y bonificar por resultados. Debe erradicarse el nombramiento de docentes que no están calificados, como en el caso de los profesores de Inglés, pues solo el 30% llena las expectativas del exigente mercado.
Todos los subsectores son clave para vencer nuestra desigualdad. No debemos seguir posponiendo las decisiones. La situación social es cada vez más compleja. Sostener el modelo imperante condena al país al estancamiento, mientras otros países con menos recursos progresan.
El autor es ingeniero.
