El fuerte incremento en la inflación, especialmente en los alimentos, amenaza con llevar más hogares a la pobreza, la cual, en el 2021, alcanzó 23% y por ello, especialistas coinciden en la necesidad de aplicar una política para ayudar a las familias pobres a afrontar el alza en el costo de vida.
La inflación alcanzó 11,5% en julio del 2022 respecto al mismo mes del año anterior (variación interanual), el porcentaje más alto desde abril del 2009; el indicador de alimentos subió casi el doble (21%) en el mismo periodo y el costo de la canasta básica alimentaria aumentó 22,7%.
El incremento en los costos de los alimentos golpea más fuerte a los hogares más pobres porque son los que dedican una mayor parte de su gasto total a la compra de comida (el 20% de los hogares con menos recursos del país dedica el 38% de su gasto en alimentos).
El costo de la canasta básica alimentaria lo utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos para medir la extrema pobreza. Los hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar dicha canasta se consideran en esa condición. El costo de este grupo más un monto adicional para cubrir otras necesidades básicas se usa para medir la pobreza (lo que se conoce como la línea de la pobreza).
Por ello, en la medición de la pobreza, se usan dos indicadores: los ingresos de los hogares (que dependen de las entradas por trabajo de sus miembros, que a su vez depende del número de personas que tengan empleo, de ayudas estatales y otros ingresos) y el costo de la canasta básica más el monto adicional.
Dos mediciones
Utilizando estos indicadores, el 9 de agosto se publicaron dos proyecciones para pobreza.
Una del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, que estimó que la pobreza podría llegar en diciembre del 2022 a un 29,9% con la posibilidad de variar en un margen entre 26,9% y 32,9%, y otra del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica que estimó que para diciembre la pobreza sería de 21,73%.
La intención de ambas entidades es la misma: tener información actualizada del comportamiento de la pobreza en esta coyuntura para detectar si es necesario aplicar medidas de política pública.
“El país solo contaba con un cálculo de pobreza y, por ende, en situaciones como la que se dio con la covid, estábamos muy desactualizados de información sobre los impactos, y tuvimos que esperar hasta octubre próximo para poder saber cómo iba a evolucionar la pobreza”, explicó Luis Oviedo, investigador del IICE.
¿A qué se deben los resultados diferentes? A que consideran información y supuestos diferentes. En el caso del colegio supone que la línea de pobreza mantendrá el crecimiento medio presentado en su valor de junio y julio, cuando tuvo aumentos importantes, hasta diciembre 2022, que es para el mes para el cual hacen el cálculo y que los ingresos de los hogares de menor ingreso (más vulnerables) no crecerán.
La proyección del IICE supone que la ocupación y el ingreso mantienen el nivel que alcanzó en marzo 2022 el resto del año y que el costo de la canasta básica alimentaria comenzaría a bajar después de octubre, como resultado de la política restrictiva aplicada por el Banco Central, explicó Oviedo.
Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, consideró que por el aumento de la inflación es muy probable que la pobreza aumente en este año 2022, la pregunta es cuánto, aunque también está la evolución en el empleo y una buena noticia es la reducción de la tasa de desempleo en este año, junto con más empleos.
“Pero por lo que hemos analizado, muchos de los empleos para los grupos vulnerables no son de calidad, están en el sector independiente, con alto incumplimiento de garantías laborales y del salario mínimo. Además, han aumentado las personas fuera de la fuerza de trabajo. Y cuando uno desagrega por grupos vulnerables, la recuperación del empleo no es igual para todos. Por lo tanto, la reducción del desempleo podría generar una reducción de la pobreza, pero en menor magnitud que el efecto provocado por la inflación”, manifestó Morales.
Una política pública
Independientemente del resultado, analistas consultados por La Nación coinciden en que Costa Rica debería tener una política pública para atenuar el impacto de los incrementos de los precios de los alimentos en los hogares pobres.
El economista Ronulfo Jiménez, investigador de temas de pobreza, consideró que hay dos opciones: una la que planteó el Gobierno de un subsidio o reducción del impuesto a los combustibles de manera que el precio tenga un techo y la otra es un subsidio a los hogares pobres, opción por la cual se inclina más Jiménez.
“Sería una especie de Bono Proteger y eso puede ser que salga más barato y va más directo al interés de proteger a las personas de menores ingresos”, indicó el economista.
Natalia Morales explicó que el país cuenta con una oferta de programas sociales selectivos que podrían dirigirse a mejorar las condiciones de vida de los hogares en pobreza. El gran problema está en los recursos disponibles, pues, por el déficit fiscal y la estricta regla fiscal, han visto una contención de sus ingresos.
Se consultó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre la posibilidad de un subsidio a los hogares pobres, pero no respondió a las consultas.
Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, comentó que esta agrupación hace como tres meses advirtió que el país debería de alistar la ayuda porque puede llevar tiempo canalizarla hacia quienes la necesitan.
“Eso toma tiempo, y es un poco el sentido de urgencia que el Colegio repite ahora, que ante esa eventualidad deberíamos ya estarlo pensando, es más, debiéramos estarlo implementando y por eso es que repito, deberíamos tener datos ciertos, si ya en julio se hizo el trabajo de campo (la Encuesta de Hogares) se podría hacer una estimación más rápida de cuál es la situación”, aseveró el presidente.
Andrés Fernández, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad, comentó que la reducción de precios de los alimentos más consumidos por los grupos más vulnerables, y que hoy se comercian en mercados poco competitivos o con altos aranceles comerciales, tendría un efecto muy positivo, como es el caso del arroz, pero otra posibilidad es la de revisar la Canasta Básica Tributaria, que contiene los bienes que gozan de una tarifa reducida al 1% del impuesto sobre el valor agregado.
Fernández explicó que Hacienda tiende a incluir en dicha canasta los alimentos que, comparativamente, sean más consumidos por los hogares de ingresos bajos que los hogares de ingresos altos, en lugar de incluir los alimentos en los que más gastan dinero los hogares de ingresos bajos. “Esto tiene importantes implicaciones, ya que se podrían excluir alimentos que a pesar de ser mayormente adquiridos por los hogares de ingresos altos, podrían representar un gasto importante en los hogares de ingresos bajos”, explicó.
Juan Robalino, director del IICE, es del criterio de que pesar de la recuperación del mercado laboral del último año, los niveles de pobreza no se reducirán por el fenómeno inflacionario.
“Existen hogares, como los formados por adultos mayores, que se verán afectados profundamente por este aumento en los precios ya que no son parte de la recuperación económica. Creo que es necesaria una política social más eficiente, para que las transferencias lleguen a los que más la necesitan. Existe información suficiente para identificar a esos hogares y darles un mayor apoyo para que enfrenten el actual aumento en los precios”, consideró.
Por su parte, Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, añadió que se podría utilizar, si es necesario, financiamiento externo a largo plazo para canalizar recursos que compensen el alza de los alimentos, de manera temporal, empleando la plataforma Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios) para identificar bien a los beneficiarios.
“Quizás sería conveniente condicionar la ayuda también a que los hogares mantengan a sus hijos en los centros de enseñanza para evitar que los envíen a trabajar y el daño del colapso educativo se haga aún más grande”, agregó Monge.
En marzo, el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, había informado de que un grupo de funcionarios evaluaban medidas para atender los nuevos problemas económicos que ha traído la guerra en Ucrania, tales como los aumentos en los precios de los alimentos, entre ellas una subvención, a las familias en pobreza; no obstante, no se concretó.
En mayo pasado, Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también planteó la opción de que el Gobierno, por medio de un financiamiento, pague subsidios a los hogares de bajos ingresos como una forma de enfrentar el aumento en la inflación y de las tasas de interés en Costa Rica.
