El proyecto de ley anunciado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para congelar en ¢900 y ¢800 por litro los precios de las gasolinas y el diésel, respectivamente, costaría a los contribuyentes un total de ¢41.700 millones mensuales.
Ese sería el costo de bajar los precios actuales, en los que la súper cuesta ¢1.104; la regular, ¢1.081, y el diésel, ¢1.004.
El costo de implementar esa medida durante un mes prácticamente equivaldría al presupuesto anual del Benemérito Cuerpo de Bomberos o al de la Universidad Técnica Nacional (UTN); incluso, superaría los fondos anuales de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y de la Municipalidad de Alajuela.
Si la aplicación del tope se mantuviese por seis meses, tomando como referencia los precios actuales, el costo ascendería a ¢250.000 millones. Ese monto supera al presupuesto anual de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y equipara los recursos invertidos en el programa de bono Proteger, que entregó ayuda económica a 724.000 personas durante el momento más álgido de la pandemia.
El costo del subsidio estatal propuesto por el Gobierno podría reducirse o incluso incrementarse, dependiendo de la fijación tarifaria establecida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), cuyos montos se rigen principalmente por el tipo de cambio de dólar y los precios internacionales del petróleo.
En caso de que las tarifas continúen su tendencia al alza, el solo incremento de ¢5 por litro de cada combustible costaría ¢1.000 millones más al mes.
Asimismo, el costo se reduciría si los precios internacionales del crudo fueran a la baja.
‘El Estado se va a sacrificar’
Al anunciar la iniciativa, el miércoles en conferencia de prensa, Rodrigo Chaves no detalló de dónde se conseguiría el dinero necesario para implementar el tope a los precios de los combustibles, tampoco informó por cuánto tiempo se aplicará la medida.
El mandatario dijo que la situación de los precios de los combustibles “se nos fue de las manos” y que la problemática fiscal “no significa que el Gobierno no vaya a hacer algo para proteger al pueblo del impacto que están teniendo los precios internacionales”.
“El Gobierno de la República quiere que la gasolina y el diésel no suban, en el caso de la gasolina, más de ¢900 el litro y el diésel a más de ¢800. Y así asegurarle al pueblo de Costa Rica, al productor, a la señora que se suba al bus, que ante cualquier aumento más allá de ¢900, producto de la situación global o lo que fuese, el Estado costarricense se va a sacrificar para que no suba de ahí. Si baja, buena la hora, pero le estamos poniendo un techo”, afirmó Chaves.
Bajo el esquema propuesto, las finanzas públicas asumirían, a modo de subsidio estatal, la diferencia entre el precio tope fijado por el Gobierno y el costo real de cada combustible.
El subsidio estatal sería de ¢204 por cada litro vendido de gasolina súper y diésel, mientras que el aporte a la gasolina regular sería de ¢181.
Este año, el promedio mensual de venta de súper ha sido de 50,6 millones de litros; el de regular es de 56 millones y el de diésel, de casi 104 millones.
El mandatario ordenó “con carácter de urgencia” el desarrollo de una iniciativa de ley a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y el presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Juan Manuel Quesada.
Díaz informó el jueves, mediante sus redes sociales, que Presidencia, Hacienda y Recope trabajan “para establecer un tope en el precio de los combustibles. El valor de las gasolinas no podrá incrementarse por encima de los ¢900, mientras que el precio del diésel tendrá un máximo de ¢800″.
Agregó: “Buscamos atenuar los altos costos internacionales del crudo, producto de las presiones generadas por la crisis entre Rusia y Ucrania”.
Costo supera propuesta que Chaves calificó de ‘irresponsable’
La medida impulsada por el Ejecutivo tiene un costo mucho mayor a dos alternativas que impulsaron diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), para reducir de forma temporal el impuesto a los combustibles en ¢100 para todos los carburantes o ¢50 en el diésel y ¢25 en las gasolinas.
Incluso, en campaña política, rumbo a la segunda ronda electoral, Rodrigo Chaves calificó de “irresponsable” la propuesta de rebajar el precio de los combustibles mediante una reducción en el impuesto.
Además, el 28 de mayo, una vez instalado en Zapote, Chaves aseguró que si los diputados aprobaban esa propuesta, vetaría el decreto legislativo porque generaría un hueco fiscal en las arcas públicas.
“Que me digan de dónde van a recortar para reponer la falta de ingresos, ellos dicen que quieren bajar ¢100 por litro, bueno son ¢250.000 millones al año”, cuestionó entonces. De esta forma, el mandatario evadió el llamado de 41 diputados para que convocara dicho proyecto a la agenda legislativa.
Para ese momento, ya se había anunciado que el precio de los hidrocarburos superarían los ¢1.000 por litro por primera vez en Costa Rica: ¢1.062 súper, ¢1.024 regular y ¢1.012 diésel.
La primera de las alternativas de los diputados establecía una reducción de ¢100 al impuesto que se cobra sobre los combustibles. Dicha medida hubiese generado un hueco en los ingresos del Gobierno de ¢224.000 millones, según había alertado el Ministerio de Hacienda.
Además, la bancada de la Unidad tenía una propuesta alterna para que la reducción del impuesto sea de ¢50 en el impuesto sobre el diésel y de ¢25 en el de las gasolinas. Sin embargo, Hacienda había estimado que su implementación le dejaría pérdidas al fisco, por unos ¢80.000 millones.
