Al abrirse más al mercado internacional, Costa Rica aprovechó las bondades del comercio diversificando productos y servicios.

No podemos pensar en aprobar nuevos impuestos si antes no ordenamos la estructura de gastos.

Poco se ha avanzado en la disminución de los gases de efecto invernadero desde el 2009 cuando quedó establecida la primera meta de descarbonización.

Mientras 330.000 funcionarios, que se calcula suma la planilla estatal, viven en el paraíso, ganando mucho y sin mayor esfuerzo, al resto de la población solo le queda buscar formas de garnarse la vida.

En los primeros años del siglo veinte, el país tenía 39 entidades; 32 eran municipalidades. Hoy son 330 instituciones. ¿Cuántas sobran?

Para crear empleo se necesita mejorar la educación y estimular la empresa privada.

Con un déficit proyectado de un 7,1 %, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El pacto entre el PAC y el PUSC debe cumplirse y debe empezar ya la discusión para reformar el Reglamento legislativo.

En un país donde los empleados públicos son inamovibles aunque esté demostrada su incapacidad para el trabajo, es imposible lograr productividad.

El principal dardo del nuevo gobierno debe apuntar a los privilegios que paga el Estado.

No podemos dejar de buscar cómo dotar de casa a las personas que viven en los más de 384 precarios del país, donde se concentran 25.000 familias en condiciones infrahumanas.

Recope no refina y el ICE se da el tupé de negar a la opinión pública sus estados financieros. ¿Qué hará con estas instituciones el próximo gobierno?

El proyecto de reforma fiscal que analizan los diputados en este momento solo incluye ingresos, en gastos es muy poco lo que toca.

Debemos ordenar las finanzas públicas antes de que el ajuste nos lo imponga el Fondo Monetario Internacional.