Monto se utiliza como criterio en delitos como hurto; también en infracciones de trabajo y aumento de pensiones para obligados no asalariados.

Este monto lo fija el Consejo Superior del Poder Judicial, pues se trata del salario base mensual del oficinista uno de esa institución, según la la Ley 7337 de 5 de mayo de 1993.

Se trata de un monto que aumentó en ¢15.200 en comparación con la cifra acordada por el Consejo Superior del Poder Judicial para el 2018, que fue de ¢431.000.