Por medio de dos decretos ejecutivos, publicados este 1.º de octubre, el Gobierno dispuso negociar un menor precio en acuerdos de arrendamiento de propiedades y de licenciamiento de ‘software’ en la administración central, o proceder a rescindirlos.
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La declaración se produce luego de que los diputados rechazaran el segundo presupuesto extraordinario, planteado por el Gobierno, por considerar que la reducción del gasto era irrisoria, en momentos en que los ingresos tributarios del Ejecutivo caerán en casi ¢1 billón.