Esteban Ramírez. 1 octubre
El Decreto N°. 42561-H, del Ministerio de Hacienda, que se refiere a los alquileres de propiedades, especifica que solo se prorrogarán los contratos de arrendamiento en los que se pacte un monto de alquiler inferior al pagado durante el último año.
El Decreto N°. 42561-H, del Ministerio de Hacienda, que se refiere a los alquileres de propiedades, especifica que solo se prorrogarán los contratos de arrendamiento en los que se pacte un monto de alquiler inferior al pagado durante el último año.

El Ministerio de Hacienda pretende renegociar a la baja más de 350 contratos vigentes por alquiler de propiedades y un número cercano a los 700 relacionados con servicios tecnológicos, con el objetivo de reducir el gasto en este tipo de contrataciones.

La intención del Poder Ejecutivo es que la búsqueda de estos ajustes comience de manera inmediata y que se logre un precio más favorable para el Estado que se vea reflejado en el presupuesto 2021, indicó la institución, por medio de un comunicado de prensa.

Para lograr su cometido, el Gobierno emitió estas disposiciones junto con los lineamientos a seguir, en los decretos N°. 42560-H y N°. 42561-H, publicados en el Alcance N.º 260 de La Gaceta N.º 241, este jueves.

Los procesos de negociación serán coordinados por los viceministros de la cartera, Alejandra Hernández e Isaac Castro, quienes actuarán como “comisionados”, con competencias para fungir como enlace entre las entidades públicas y los suscribientes de los contratos, detalló este Ministerio.

Para lo anterior, trabajarán en conjunto con un equipo de apoyo técnico, legal, logístico y administrativo en las entidades del Gobierno Central.

En específico, la coordinación para renegociar el monto por alquileres de edificios, locales y terrenos estará a cargo del viceministro Isaac Castro y se tomarán como referencia más de 500 contrataciones activas para el año 2020, puntualizó Hacienda.

Estos acuerdos de arrendamiento implican la asignación de ¢61.000 millones en el proyecto de presupuesto 2021.

“De no lograrse un precio a la baja, la Administración podrá con apego a la ley, proceder mediante rescisión con la terminación del contrato, aplicar el aviso previo de ley en el caso de arrendamiento u optar por el procedimiento definido en el contrato”, destacó el comunicado.

El Decreto N°. 42561-H, que se refiere a los alquileres de propiedades, especifica que solo se prorrogarán los contratos de arrendamiento en los que se pacte un monto de alquiler inferior al pagado durante el último año.

Licencias y servicios informáticos

En el caso de la renegociación en materia tecnológica estará a cargo de la viceministra Alejandra Hernández.

Según información de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, y consignada en el comunicado, en la Administración Central existen cerca de 800 contratos activos de este tipo.

Los anteriores, corresponden a adquisición o arrendamiento de licencias o prestación de servicios de licenciamiento y mantenimiento de software; también a arrendamiento y leasing de servicios informáticos o de equipo informático.

Para el 2021, el monto presupuestado por el Gobierno Central con el fin de atender estos requerimientos asciende a más de ¢37.000 millones, detalló Hacienda.

En este último tipo de contratos se exceptúan aquellos casos donde el gasto por concepto de indemnizaciones al contratista sea mayor al ahorro; no se pueda trasladar a otro tipo de operación o hacerlo provoque problemas de seguridad con incumplimiento de las normas técnicas de la Contraloría General de la República.

“Desde el inicio de mi gestión he reiterado la necesidad de disminuir el gasto por alquileres de edificios y por arrendamiento y compra de licencias y software, lo que se hace más urgente ante la difícil situación de las finanzas públicas”, enfatizó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

En ambos decretos, el Ejecutivo insta a los Poderes Legislativo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, empresas públicas y gobiernos municipales a aplicar estas mismas medidas.