Contraloría y Dirección Jurídica del Poder Judicial emitieron reiteradas advertencias sobre la ilegalidad del pago; de enero a setiembre del 2021, cuatro jueces cobraron ¢19 millones a la JPS.
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Las pesquisas se iniciaron en mayo del año pasado, luego de que La Nación consultó sobre los atestados profesionales de Olga Marta Sánchez sobre los del ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora.
El documento menciona seis casos del gobierno de Pacheco, ocho del de Arias, 17 del de Chinchilla y 8 del de Solís.