La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, deberá devolver ¢28 millones que se le pagaron de más por un incentivo salarial al cual no tenía derecho, por falta de requisitos.
Durante tres años, a Sánchez se le giraron de manera incorrecta alrededor de ¢778.000 mensuales por concepto de prohibición, una compensación económica creada para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.
El problema es que ella no cumplía con el requisito de estar incorporada al colegio profesional respectivo, lo cual es indispensable según un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR).
A esa conclusión llegó el ministerio tras una investigación que duró diez meses y cuyo resultado se dio a conocer este viernes mediante un comunicado de prensa.
Las pesquisas se iniciaron en mayo del año pasado, luego de que La Nación consultó sobre los atestados profesionales de Sánchez sobre los del ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, ambos por la misma causa.
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Sánchez es socióloga y tiene un doctorado en Economía. Ella no forma parte del Colegio de Profesionales en Sociología, ni del de Ciencias Económicas, a pesar de que la legislación exige estar colegiado en esas organizaciones para ejercer esas profesiones en el país.
"La ministra de Planificación debe de reintegrar el monto de ¢28.223.290,92 percibido por concepto de prohibición. Para ello, la señora Sánchez se encuentra formalizando un acuerdo de arreglo de pago en tractos mensuales, atendiendo a principios de razonabilidad y proporcionalidad", señala el comunicado de prensa.
Allí también se detalla que se exculpó de responsabilidad a la jerarca y a la oficina de Recursos Humanos por el error cometido en el pago de más.
"El resultado de la investigación determina que la señora Sánchez Oviedo actuó de buena fe, y nunca solicitó, ni influyó en tal decisión y, por el contrario, confió en lo actuado por la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Mideplan", agregó la nota de prensa.
Desde el momento en que dio a conocer el pago anómalo, Olga Marta Sánchez informó que desde ese momento comenzó a trabajar ad honorem, sin percibir un salario.
Otros casos
Sánchez es la cuarta alta funcionaria de este gobierno que tiene que negociar un arreglo de pago para devolver dinero girado de más por el incentivo de prohibición.
El primer caso fue el de la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, quien recibió ¢11 millones hasta mediados del 2015. Ella canceló la deuda en setiembre pasado, tras una serie de pagos mensuales.
Después se dio a conocer el de la entonces viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, quien debió alcanzar un arreglo en diciembre del 2016 para devolver ¢8 millones.
El tercer caso fue el de la también viceministra, pero de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, quien tuvo que devolver ¢28 millones. Ella canceló esa suma el pasado 23 de febrero.
Muñoz y Trejos no ostentaban un título universitario de una profesión liberal, y Zúñiga no estaba inscrita en el Colegio de Abogados.
En total, ocho miembros del equipo de Luis Guillermo Solís cobraron ¢189 millones en sobresueldos ilegales en lo que va de este gobierno. Tres ministros y cinco viceministros.
