Natasha Cambronero. 10 mayo, 2017

Ocho miembros del equipo de Luis Guillermo Solís cobraron ¢189 millones en sobresueldos ilegales en lo que va de este gobierno. Se trata de tres ministros y cinco viceministros.

Todos recibieron el incentivo de prohibición a pesar de que no cumplían con los requisitos para ello. Dicho plus equivale a un 65% del salario base y fue creado para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.

Sin embargo, según lo dejó en claro la Procuraduría General de la República, para cobrar ese plus es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía sea requisito para ejercer la profesión.

Ocho de los jerarcas del Poder Ejecutivo no estaban incorporados a sus colegios.

pagos ilegales
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Este martes, este medio reveló dos nuevos casos, que se suman a los cinco dados a conocer meses atrás. Los ministros de Comercio Exterior y Planificación, Alexánder Mora y Olga Marta Sánchez, cobraron ¢36,5 millones cada uno en los 3 años que lleva el gobierno.

A su vez, Casa Presidencial anunció que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, deberá devolver ¢27 millones por la misma causa y que ella fue exonerada de responsabilidad.

El mismo plus lo cobraron, sin estar colegiados, el ministro de Turismo, Mauricio Ventura (¢25 millones); los viceministros Víctor Barrantes (Paz, ¢30,2 millones) y Carmen Muñoz (Gobernación, ¢11 millones), así como las ex viceministras Ana Cristina Trejos (Vivienda, ¢11 millones) y Gina Paniagua (Agricultura, ¢12 millones).

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, asegura que estos casos no son corrupción, pues ninguno de sus jerarcas pidió el pago, sino que es responsabilidad de los departamentos de Recursos Humanos.

Afirma que todo se debe a “un enredo” en materia de empleo público y que, en muchos casos, se pagan pluses como una forma de mejorar los salarios.

Al mismo tiempo, cuestionó el hecho de que un ministro no pueda cobrar ese incentivo solo por no estar colegiado o no ejercer una profesión liberal. Así lo dijo en una entrevista en la revista matutina del Sinart, canal 13: “Ahí yo no veo corrupción, veo un enredo, un berengenal; y este Gobierno lo que quiere es aclarar ese berengenal. Dicho sea de paso, a mí hasta me parece vacilón, hasta como para reírse (...) ¿Vamos a tener una ministra trabajando los fines de semana haciendo extras? ¿O después de las 6 p. m. se pone a hacer consultorías? Es un absurdo”.

El gobierno actual alega que el problema es heredado de administraciones anteriores.

El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, anunció que el gobierno investiga los los casos ocurridos en los dos gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla, desde el 2006, cuando entró en vigor la Ley Contra la Corrupción. Alegó que hubo casos pero ni se supieron ni se devolvió el dinero.

“Se van a iniciar los procesos de cobro”, en los casos que se confirme ilegalidad, advirtió Herrera.

Presidencia dijo que si bien los casos de este tipo prescriben cada cuatro años, la prescripción no se da de oficio, sino los exfuncionarios deben decidir si se someterán al proceso en caso de que el plazo se haya cumplido.