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Establecer límite a las deducciones de los empleados públicos es discriminatorio y tendría consecuencias graves.

Comisión para Promover la Competencia concluye que objetivos sobre los cuales se basó la decisión de dejar ese mercado en manos del Estado ya no existen, por lo cual no se justifica sostener la medida.

Costa Rica llegó al punto donde las finanzas públicas no dan abasto para pagar las obligaciones aprobadas sin prever las consecuencias.