Algunos factores que suelen ser responsables de la crisis económica en los países incluyen la corrupción, la mala gobernanza, la falta de seguridad y estabilidad debido a conflictos, la carencia de capital humano y habilidades, ausencia de recursos naturales o su mala gestión, infraestructura insuficiente y la desigualdad económica y social.
Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países argumentan que las instituciones económicas inclusivas son motores de prosperidad y crean mercados participativos que permiten a los ciudadanos ejercer sus vocaciones en igualdad de oportunidades.
Los países más avanzados se caracterizan por sus niveles de capacidad tecnológica y recursos humanos, lo que se traduce en mayor eficiencia técnica, crecimiento económico y aumento en el ingreso per cápita.
En un principio, algunos países de América Latina, como Argentina a comienzos del siglo XX, tuvieron éxito gracias a su potencial agropecuario y de recursos naturales. Sin embargo, a causa de políticas inadecuadas y la instauración de instituciones extractivas, cayeron en una falla económica.
En 1900, el ingreso per cápita argentino era de $2.800, equivalente a aproximadamente $86.000 o $90.000 en el año 2020 (ajustado según el índice de precios al consumidor de Estados Unidos), pero a lo largo del tiempo, Argentina experimentó inestabilidad política, exorbitante deuda pública, inflación, dependencia de productos básicos y problemas estructurales, lo que llevó a su declive económico y social.
Otros países, como Cuba, Venezuela, Haití y más recientemente Nicaragua, considerados los más pobres en América Latina y el Caribe, comparten características similares que promueven la falla económica mencionada anteriormente. Instituciones extractivas, políticas inadecuadas, inestabilidad política, corrupción y falta de inversión resultó en una falta generalizada de prosperidad económica y oportunidades de crecimiento.
No debe perderse de vista que el rápido avance de la tecnología, principalmente de la inteligencia artificial, está generando una ola de “destrucción creativa”. Las nuevas tecnologías reemplazan las antiguas empresas por otras más eficientes.
Costa Rica ha escapado a la trampa de las naciones fallidas por haber instaurado instituciones inclusivas, promotoras de crecimiento económico, estabilidad política y una democracia sólida.
El modelo de sustitución de importaciones tuvo éxito hasta los años setenta, pero se agotó debido a la crisis de deuda pública y políticas macroeconómicas insostenibles; el modelo de promoción de exportaciones que se adoptó en la década de los ochenta generó un impacto positivo en el crecimiento económico y el bienestar general de la población.
El segundo modelo posibilitó la inversión extranjera y un crecimiento sostenido en su PIB y PIB per cápita, así como controlar la inflación y mejorar la prosperidad relativa.
Sin embargo, en los pasados 10 o 15 años, se incrementaron, como en muchos otros países de la región, problemas de corrupción y gobernanza, inseguridad y violencia. A pesar de eso, en materia de desarrollo de recursos humanos y capacidades, el país pudo mejorar en lo técnico, profesional y el multilingüismo, lo cual incide positivamente en los índices de atracción de inversiones por encima del resto de América Latina y el Caribe.
Igualmente, la falta de infraestructura es un lunar también en algunas regiones del país, pero en general no parece ser tan crítica como para frenar el crecimiento. Además, en términos de desigualdad y pobreza, si bien deben mejorarse, lo importante es tratar de fomentar una economía dinámica y sin tramitomanía para las micros y pequeñas empresas, que juntas representan el 90 % del tejido empresarial.
Es esencial para los países en desarrollo de América Latina y el Caribe alcanzar un desarrollo económico a largo plazo, lo que implica fomentar instituciones inclusivas, evitar la destrucción del tejido empresarial y las oportunidades laborales, y promover la innovación tecnológica, la educación, la atracción de inversiones y la estabilidad política.
Las políticas macro y microeconómicas deben trabajar juntas para fomentar la inversión, la educación y la competencia en sectores clave, incluidas las empresas públicas.
Aunque Costa Rica registra avances significativos, todavía hay desafíos por enfrentar. Con un enfoque integral, es posible promover una prosperidad sostenible y evitar una falla económica a través de instituciones excluyentes que deterioren la igualdad de oportunidades.
El autor es economista experto en políticas públicas y desarrollo.
