EscucharEl proyecto de ley por presentar el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán), con el fin de establecer límite a las deducciones automáticas hechas al salario de los empleados públicos y la renegociación de las deudas de estos, genera algunas preguntas.
Si es una “política pública”, entonces: a) ¿Por qué incluye solo a los funcionarios? b) ¿Acaso solo los empleados de Gobierno están “ahogados” en deudas?
No debería discriminar a los trabajadores del sector privado, por tratarse de una política pública, y, en tal caso, debe evaluarse si este tipo de regulaciones son la mejor forma de resolver los problemas de morosidad y excesivo endeudamiento existentes en el país.
De primera mano, me parece que no tiene sentido, más allá del efecto inmediato para resolver un desahogo crediticio que terminará siendo insostenible (“un vuelo de gallina”, por decirlo de alguna manera).
El pírrico resultado sobre la situación de asfixia económica sería un beneficio marginal a corto plazo y los acreedores —bancos, financieras, cooperativas, etcétera— serán los más perjudicados al tener menos posibilidades de recuperar lo prestado o financiado en un plazo determinado.
Consecuencias. Es como si se le redujera el salario al deudor —al funcionariado, en este caso—, lo cual tendrá consecuencias sobre la capacidad de cobrarle en el futuro.
La medida representa una reducción de las posibilidades reales de endeudamiento, no solo para quienes más préstamos u obligaciones crediticias tienen, sino para todos, aunque entre ellos un grupo no esté en tal problema.
Es decir: una persona con capacidad de endeudamiento no tendrá acceso al monto de crédito que, a hoy, habría tenido. Ese daño indirecto, no previsto, si dicho proyecto llegara a ser aprobado, castigaría a tirios y troyanos, y, como reza el refrán, “pagarán justos por pecadores".
En fin, en el análisis de políticas públicas, como la mencionada en este artículo, me parece, a primera vista, que el proyecto merece un estudio completo de sus consecuencias directas y, sobre todo, indirectas, por su impacto en el sector financiero.
Un experto en análisis costo-beneficio económico diría que se trata de identificar los beneficios —muy alegremente— sin observar los costos asociados al ciclo completo de la cuestionable propuesta.
El autor es economista y analista de políticas públicas.
