Nadie debe decidir el destino de una donación ni recibirla al margen de la Hacienda pública, las prioridades nacionales y el marco legal que garantiza su buena administración.
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Tanto fiasco en decretos, directrices y discursos lleva a preguntarse dónde están los profesionales en derecho que paga el Estado para guiar a los jerarcas del Poder Ejecutivo.
La arquitectura política tradicional provee comodines que permiten hacer millonarios a unos cuantos, especialmente, ‘sin licitación’.