Dónde están los asesores legales

Cuando las pifias abundan, lo prudente es hacer una pausa y preguntarse por qué ocurren. Es lo responsable para evitar erosionar la confiabilidad de los actos del gobierno y la seguridad jurídica, pero, sobre todo, para resguardar la institucionalidad.

La dimensión de los atrevimientos legales es mayúscula y los chascos, también. El primero fue el decreto contra la vacunación obligatoria. Se aventuró al mandatario a firmarlo sin investigar que carece de competencia, pues la ley es clarísima: solo la Comisión Nacional de Vacunación tiene facultades para derogarla. Luego, se le aconsejó denunciar como ilegales los acuerdos de la Comisión por caducidad de los nombramientos y, nooo, no era así.

Faltó luz también para orientar al mandatario sobre las pruebas FARO: anunció la eliminación sin indagar que tampoco tiene facultad para ello. Le corresponde al Consejo Superior de Educación. Permitieron al Ejecutivo ordenar el recorte de ¢128.000 millones a las universidades públicas y, cinco días después, cayeron en cuenta que la Constitución lo prohíbe. Ordenaron a funcionarios del Ministerio de Salud no atender a la prensa, salvo si la ministra lo permitía, y ocurrió lo obvio: la Sala IV se trajo abajo la directriz.

Expusieron al mandatario al descrédito cuando, con contundencia, afirmó que los abogados le dijeron que el proyecto para vender el Banco de Costa Rica pasaba con 29 votos, y nooo es así, necesita 38.

Lo llevaron a decretar la flexibilidad de la regla fiscal para aumentar el gasto público en ¢412.000 millones y, nooo, la Contraloría General de la República advierte que eso va contra la ley. Y los asesores lo encaminan a “consultar la constitucionalidad de las pensiones de lujo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aunque los entendidos alertan: esa materia no les incumbe a los jueces interamericanos.

Tanto paso en falso provoca duda, pero hay tiempo de enmendar, asesorándose de verdad.

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El autor es jefe de Redacción de La Nación