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Tras la oposición de la Corte Plena a la reforma fiscal, los diputados del PUSC alistan una reforma constitucional para que los proyectos de ley solo deban ser consultados al Poder Judicial si afectan su funcionamiento y organización en aspectos meramente jurisdiccionales, es decir, sobre la forma en que se juzga en el país.

En abril, le respondió a la Asamblea que el plan fiscal no se refería al funcionamiento del Poder Judicial y, cinco meses después, varió la posición.