Las urgencias económicas que viven los hogares costarricenses por el desempleo, la suspensión de contratos y la reducción de jornadas laborales, obligan al gobierno a repensar las medidas restrictivas adoptadas para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país.

Luego de reuniones con gobiernos locales y cámaras empresariales, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se comprometió a unificar la restricción vehicular sanitaria entre cantones con alerta amarilla y los territorios en condición naranja.

Sin que se conozca todavía el nuevo horario, se prevé que esa medida daría mayor espacio de movilidad a las personas que viven en la Gran Área Metropolitana (GAM) y en territorios con mayor riesgo de transmisión del virus.

Alvarado también asumió el compromiso de otorgar el permiso sanitario de funcionamiento a negocios comerciales que, en principio, estarían cerrados por 12 días en agosto, cuando se aplique el martillo en territorios bajo alerta naranja.

Ambas readecuaciones serían anunciadas este sábado en la tradicional conferencia de prensa que brindan las autoridades sanitarias para actualizar el reporte epidemiológico de la pandemia.

Tras semanas de presión de grupos de trabajadores, empresarios y alcaldes, el debate comienza a tomar más fuerza en medio de los números adversos en materia de empleo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló que, para el segundo trimestre del año, 551.000 personas estaban desempleadas, alcanzando una tasa histórica de 24%.

Otros 62.600 empleados siguen con contratos suspendidos y sin recibir salario. Esa cifra representa el 6% de los empleos formales aún en pie.

A la fecha, los patronos solo lograron reincorporar a sus funciones a 1.600 colaboradores.

En tanto, otros 145.000 tienen reducido su salario en algún porcentaje. Ellos representan el 13,8% de los trabajadores formales.

No obstante, el cierre de algunos negocios en territorios con alerta naranja, del 10 al 21 de agosto, habilitaría a los patronos para volver a enviar a sus colaboradores a sus casas sin salario.

Así ocurrirá cada vez que se impongan cierres de actividades económicas.

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¿Mayor apertura?

La epidemióloga y exministra de Salud, María Luisa Avila, consideró que, dadas las necesidades de muchas familias costarricenses, debe abrirse más la economía.

“Estas medidas tienen que tomarlas, lo que pasa es que yo creo, y es una opinión muy personal, que debería haber una apertura comercial mayor, eso sí, con protocolos superestrictos.

“La gente tiene que comer y esto es un caldo de descontento social importante. Yo enfatizaría más en el tema de autogestión de riesgo y lo que sí, las actividades de concentración masiva, que ya tienen una definición, serían las que hay que tratar de evitar, porque eso sí puede ser de mucho riesgo”, afirmó.

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Para el demógrafo Luis Rosero, quien da seguimiento pormenorizado a la tasa de contagio del virus, las medidas restrictivas alternando semanas se hacen necesarias en estos momentos.

No obstante, aclaró que su criterio era desde un punto de vista de la salubridad pública, no económico.

“Desde el punto de vista económico es problemático, es el costo que hay que pagar para contener el bendito virus.

“Pero yo creo que es una política acertada e interesante, porque incluso nos va a mostrar qué pasa en estas dos semanas en que se va aflojar. Estoy hablando más como salubrista y desde el punto de vista epidemiológico”, reiteró.

Cierre de negocios

En medio de esa discusión, los empresarios afirman que los negocios costarricenses no serían capaces de soportar más cierres, lo que desencadenaría un mayor desempleo en los próximos meses.

Los comercios figuran entre los más afectados por los cierres de establecimientos. Los horarios de restricción vehicular sanitaria también impiden a los consumidores visitar tiendas en días laborales.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Costa Rica, 35.000 empleos se perdieron por la pandemia.

En tanto, se suspendieron 35.000 trabajadores y se les redujo jornada y salario a otras 128.000 personas.

“Lo que están haciendo es poner en riesgo el sustento de los trabajadores y la sostenibilidad de los negocios que generan empleo.

“Si a nosotros no nos dejan operar y trabajar ¿quién va a pagar los impuestos para sostener el Estado y las instituciones frente a la emergencia?

“Si usted pretende vivir con cero riesgos en la pandemia, que entendemos el tema de la salud, va a haber muchísimas más muertes jurídicas de empresas y afectaciones con hambre”, afirmó Julio Castilla, director de esa cámara.

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Los restaurantes también sufren las medidas sanitarias. Pese a que se les permite operar con entrega a domicilio y autoservicio, los empresarios del sector afirman que los costos de esas plataformas son muy elevados y los mantiene con números rojos.

De acuerdo con la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), en marzo, antes de la pandemia, en el país había 19.000 establecimientos.

Ahora, cinco meses después, una tercera parte habría cerrado definitivamente. Muchos de ellos eran pequeños y tuvieron que devolver sus locales, según el director de esa organización, Mauricio Rodríguez.

A finales de julio, antes de que se flexibilizaran las medidas por nueve días, el sector reportaba 102.000 trabajadores despedidos o con contratos suspendidos. Apenas un 40% de los restaurantes estaban operando.

“Lo que estamos pidiendo es que, si no quieren quebrar al país, nos permitan funcionar hasta las 10 de la noche. Actualmente nos limitan a las 5 de la tarde y eso es fatal para los negocios de comida.

“Si andan buscando que la gente no se aglomere, que nos den más horas, porque la gente va a salir porque tiene que salir.

“También pedimos al ministro de Salud, Daniel Salas, que está bien, nos cierre para el Día de la Madre, viernes, sábado y domingo, pero que no nos cierre los 12 días completos. Ya con eso nos mató, pero por lo menos tenemos una gota de aire ahí, para poder salir en el mes de agosto”, afirmó Mauricio Rodríguez, director de Cacore.

Mientras que comerciantes y restauranteros pueden operar aunque con restricciones, otros establecimientos como los casinos ni siquiera ven de cerca la posibilidad de volver a funcionar.

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En este sector, unos 2.500 trabajadores llevan cinco meses suspendidos y, de acuerdo con un lineamiento del Ministerio de Salud, no volverían a operar hasta enero de 2021 al 50% de su capacidad, lo mismo que eventos masivos y lugares de encuentro público.

Giovanna Caruzo, quien lidera un grupo de trabajadores del sector, pide al gobierno valorar el protocolo que realizaron los casinos para su posible reapertura con público limitado.

Eso, seguún aseveró, al menos le daría un respiro económico a un grupo de trabajadores del gremio.

“Por lo menos a otros negocios les han permitido abrir, cerrar y abrir, pero a nosotros nos dieron un definitivo no, ni siquiera nos dan una fecha de posible reapertura. Pero nos cobran igual los impuestos, las patentes, todos los cobros llegan igual sin poder funcionar.

“El virus está aquí y tenemos que aprender a vivir con él, no podemos seguir cerrados un año hasta que la pandemia pase, eso está en el cuidado de cada trabajador y cada jefe de los casinos de velar por la seguridad sanitaria”, afirmó Caruzo, quien es gerenta de un casino capitalino.

Actualmente, ella tiene su trabajo suspendido, como el resto de compañeros.