Más de 200 empresas aplican todavía las medidas excepcionales de suspensión de contrato y reducción de jornada establecidas a inicios de la pandemia, para aliviar el impacto producido por la emergencia sanitaria. Ocurre a pesar de que el contexto actual tanto epidemiológico como económico es muy distinto, por lo que las autoridades laborales cuestionan si las medidas son realmente necesarias en este momento.
Una de las principales preocupaciones es que se han detectado una serie de abusos de parte de patronos que se valen de las medidas para reducir gastos operativos a costa de los empleados. El viceministro de Trabajo, Walter Villalobos, confirmó a La Nación que su cartera conoce bien sobre estas irregularidades y que se han atendido cuando ingresan las denuncias, pero que el problema no se acabará hasta que se cierren las figuras.
“Hay que recordar que son dos figuras distintas, la de suspensión de contratos que se estableció por decreto y la de reducción de jornadas que la anterior legislatura estableció como ley. La primera le corresponde al Poder Ejecutivo y la segunda a la actual Asamblea Legislativa. Ambas se establecieron desde marzo de 2020 al amparo de la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia, la cual sigue vigente.
“Lo que hay que hacer es valorar si se mantienen las condiciones aquellas que se dieron para propiciar la necesidad de esos instrumentos, teniendo claro que tanto el decreto de suspensiones como los decretos que se han extendido, y la ley de reducciones y las otras leyes que han ampliado con prórrogas, siguen estando bajo el techo de la declaratoria de emergencia. Si esa declaratoria se quita, esto no sigue”, explicó el jerarca.
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De acuerdo con Villalobos, se han identificado tres tipos de abusos en la aplicación de ambas medidas:
1. Empleados que han sido suspendidos o se les ha reducido su jornada sin que la empresa haya emitido una solicitud formal al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS) para realizar el trámite a derecho.
2. Compañías que aplican las dos figuras con todo o una buena parte de su personal, pero siguen brindando a diario un servicio completo, como si no tuvieran la supuesta afectación que las obliga a establecer las medidas.
3. Empresas que dicen enfrentar los efectos laborales de la pandemia y suspenden contrato o reducen jornada a sus trabajadores de planta, pero al mismo tiempo, contratan nuevas personas para aumentar la planilla.
Según el viceministro de Trabajo, revisar todas estas anomalías ha sido complicado porque se trata de medidas que no existían –como la reducción de jornada– o se aplicaban muy poco antes de la emergencia sanitaria. De hecho, dijo que antes de 2020, en toda la historia del Ministerio, solo se habían atendido un máximo de 1.000 suspensiones de contrato, pero bajo el trámite ordinario que establece el artículo 73 del Código de Trabajo.
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No obstante, hasta la fecha, la cartera ya ha atendido más de 35.000 gestiones relacionadas con ambas figuras, unas iniciales y otras como prórrogas. Villalobos sostiene que este volumen de trabajo ha sido difícil de manejar y que se han enterado de los abusos porque denuncias de parte de empleados. En esos casos se ha podido “resolver”, pero no son la totalidad.
“Esas cosas se han visto en el uso que se le hace a figuras que se crearon con una filosofía distinta y a hoy, junio de 2022, no se ha cerrado el decreto de suspensiones y no se ha derogado la ley de reducciones, por eso no se termina”, lamentó el jerarca, al reconocer que se debe considerar si las figuras aún son necesarias.
“Hoy, tendría que decir, que los aforos están más abiertos, que el uso de mascarillas y vacunación es otro, que la situación de hoy es distinta a la que vimos desde que se generaron las medidas e incluso a la del 2021, entonces por eso hay que hacer una gran valoración de la situación”, dijo Villalobos ante consulta de La Nación.
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Empresarios defienden medidas
A diferencia de las autoridades laborales, los empresarios son del criterio de que no hay ningún problema con que se continúen aplicando las suspensiones de contrato y reducciones de jornadas a miles de trabajadores costarricenses, ya que señalan que todavía siguen siendo necesarias para paliar los efectos económicos negativos de la emergencia sanitaria.
Según Trabajo, 100 compañías mantienen suspendidos a un total de 1.284 empleados y otras 125 empresas tienen en reducción de jornada a 1.471. Además, de acuerdo con los datos suministrados por la cartera, todavía siguen siendo más los patronos que solicitan prórrogas (hasta siete veces más) que los empleadores que solicitan levantamiento de las figuras.
No obstante, tanto la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) sostienen que las firmas están en su derecho de continuar aplicando las figuras si perciben una afectación relacionada a la pandemia.
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“Si bien las condiciones actuales son distintas a las de inicio de pandemia, si alguna empresa considera que algún brote de covid-19 o algún punto relacionado con ello le afecta de acuerdo con los términos de la Ley 9832 aprobada por la Asamblea Legislativa el día 21 de marzo 2020 y aprobado por tres meses más a partir del 13 de enero 2021, está en su derecho.
“La ley es muy clara en definir cuatro períodos de tres meses cada uno para tener derecho a la reducción de la jornada, sin mencionar fechas. Eso significa que cualquier empresa que no ha echado mano de un año completo al pedido de reducción de jornada, lo puede hacer”, dijo Industrias, al destacar que el fundamento es que el decreto ejecutivo de emergencia por la pandemia aún sigue vigente.
Uccaep, por su parte, manifiesta que la suspensión de contrato y la disminución de jornadas siguen siendo “herramientas útiles” a fin de que los empleados no pierdan sus trabajos y que las empresas puedan “sortear la crisis”. Sin embargo, reconoce que debe haber un estricto control por parte del Ministerio de Trabajo.
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“Gracias a los procesos de inmunización, la pandemia ha llegado a un punto de estabilización, no obstante, si bien en materia de salud de la población las cosas han mejorado, en el plano económico todavía hay empresas que siguen experimentando sus efectos y enfrentan un entorno económico difícil, en particular en sectores como turismo, transportes y comercio.
“Por lo anterior, en la Unión de Cámaras se considera que estos instrumentos deberían permanecer activos, siempre y cuando haya un acompañamiento de la Inspección de Trabajo para que, como ente fiscalizador, haga uso de sus facultades y así evitar que se cometa algún tipo de abuso”, expresó.
Según la Cámara de Industrias, nunca ha recibido informes de empresas que hayan abusado de estas figuras y celebró que en las empresas se hayan reducido los efectos de la pandemia. Mientras que Uccaep reiteró que la emergencia sanitaria golpeó mucho a su gremio y que por eso se tuvo que hacer recorte en gastos superfluos, disminución en jornadas laborales y suspensión de contratos.
“Dicha situación se corrobora al analizar los datos del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC) que precisan que el 90,4% de las empresas de Costa Rica enfrentaron, durante el 2021, alguna afectación económica por la pandemia, porque se les redujeron los ingresos y las ventas, al tiempo que debieron incrementar los gastos de operación”, concluyó la organización.
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