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Privilegios como el otorgar pensiones que equivalen al 100% del salario al momento del retiro ponen en jaque la sostenibilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Así lo señala un estudio actuarial que la Corte Suprema de Justicia –administradora del Fondo– contrató a la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc., la cual evidenció la difícil situación que enfrenta el régimen.
El informe –del cual La Nación tiene copia– fue presentado semanas atrás al Consejo Superior del Poder Judicial. En el documento hay recomendaciones para establecer topes a los subsidios y un aumento paulatino en el porcentaje de cotización.
Por ejemplo, en este momento la pensión de un trabajador judicial se calcula con base en los últimos 24 salarios, pero los actuarios aconsejan la estimación se haga sobre los últimos 180 sueldos.
Tan grave es el panorama que, si el Fondo quisiera mantener todos los privilegios que otorga hoy día, cada cotizante debería estar aportando el equivalente al 96% de su salario.
En otras palabras, si un funcionario tiene una remuneración de ¢500.000 mensuales, ¢480.000 deberían ir al fondo de pensiones, mientras que los restantes ¢20.000 serían el salario neto, eso sin contemplar otras cargas laborales, como el Seguro Social.
Si bien el elevar la prima al 96% no está considerada como una solución –aunque sí se menciona el dato–, el ejercicio reafirma la crisis del régimen.
Respecto a los aportes, se indica que el 21,16% que cotiza un empleado de la Corte, “resulta insuficiente para los beneficios que brinda el fondo”.
Por ello, uno de los cambios sugeridos es que esa contribución se incremente un punto porcentual cada año, hasta un máximo de seis.
Eso permitiría que el llamado “año crítico”, que es cuando el Fondo se queda sin dinero, pase de la estimación actual que lo sitúa en el 2026 a varias décadas adelante.
Falta efectivo. Según el estudio, la reserva ya presenta un déficit en flujo de caja de ¢7.500 millones, y aumentará con el pasar de los años si no hay cambios.
Sin embargo, hay un dato más alarmante: el Fondo tiene un déficit actuarial de $8.000 millones, lo que es igual al 20% del producto interno bruto (PIB) del país.
Por déficit actuarial se entiende la estimación de los ingresos y egresos que tendrá el Fondo en 100 años, pero trayendo los valores al presente.
El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Luis Paulino Mora, aseguró a este diario que el fondo “no se encuentra en problemas”, aunque admitió que deberán plantearse cambios en corto plazo.
Similar criterio dio Alfredo Jones, director ejecutivo del Fondo, para quien los cambios no se han dado por la oposición de los trabajadores judiciales.
Asociaciones labores de la Corte rechazaron esa afirmación.
Para Édgar Robles, jerarca de la Superintendencia de Pensiones, el problema se agravó cuando en el 2010 la Sala IV eliminó el tope de las pensiones, que estaba en ¢2,8 millones. Hoy día la pensión más alta de la Corte es de ¢7,4 millones.
También mencionó el caso de un exjuez de Casación, quien en dos años subió su pensión de ¢2,3 millones a ¢6,1 millones tras haber laborado como magistrado suplente por un lapso de solo siete meses.
