Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de CCSS, se resiste a devolver salario extra y recusa a directivos
La jerarca anunció que realizará consulta al Ministerio de Planificación para ver si coincide con criterio de Contraloría que ordena devolver sumas pagadas de forma irregular
30/10/2023 La presidenta de la caja costarricense del seguro social Marta Esquivel ante los diputados. Foto Alonso Tenorio Alonso Tenorio
Dos días después de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidiera acatar la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de ajustar el salario de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, a lo establecido en la legislación, la jerarca mostró resistencia a esa medida y anunció la presentación una recusación contra tres directivos.
En un pronunciamiento emitido el 19 de diciembre, la Contraloría afirmó que la presidenta de la CCSS recibe desde su nombramiento, en setiembre de 2022, una remuneración de ¢7,1 millones al mes, monto que infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicha norma establece que el salario para ese y otros cargos no debe superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, ¢5,5 millones mensuales.
El pasado martes 9 de enero, con cinco votos a favor y uno en contra, el máximo órgano de la CCSS determinó adecuar la remuneración de Esquivel, pero dejó pendiente la votación de cuatro recomendaciones de la Dirección Jurídica de la entidad para precisar cómo se realizará el ajuste.
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, asumió ese cargo en setiembre de 2022 tras la salida de Álvaro Ramos. (Alonso Tenorio)
Esquivel no precisó las razones de la recusación, que apartaría a los tres directivos del conocimiento del asunto. Solo adelantó que la gestión se dirige contra Martha Rodríguez, representante de los trabajadores: José Loría, representante de las cooperativas; y Maritza Jiménez, representante del solidarismo.
Agregó que, al mismo tiempo, presentará una consulta al Ministerio de Planificación para que se pronuncie sobre el salario que debe recibir.
“Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera, un procedimiento. A mí no se me ha respetado el debido proceso”, aseveró la jerarca.
Sostuvo en ese sentido, que la Contraloría no le notificó sobre la denuncia interpuesta en su contra por la recepción de salarios mayores a lo correspondiente.
Consultada por La Nación, Martha Rodríguez, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, manifestó que no se puede referir a la recusación porque no conoce los argumentos y explicó que cuando esta se discuta, el resto de directivos deberán decidir si la acogen o no.
Recomendación jurídica
La Dirección Jurídica recomendó, el pasado martes, declarar “lesivo para los intereses públicos” la acción de personal 435977-2022, con la cual se definió, desde el 20 de setiembre de 2022, el salario de Esquivel en ¢7,1 millones.
Para cumplir con ese mandato, recomiendan los asesores legales, la Gerencia Administrativa de la CCSS deberá, en un plazo no mayor a diez días, presentar acciones judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se anule esa acción de personal.
Al mismo tiempo, sugirió acordar una medida cautelar que consiste en que, a partir de ahora, a Esquivel se le pague ¢5,5 millones por mes y se le retenga la diferencia de ¢1,6 millones mensuales hasta que las autoridades judiciales resuelvan la nulidad y la jerarca ejerza su derecho de defensa.
Por último, recomendó que, luego de que se resuelva la nulidad, la entidad proceda a recuperar las sumas pagadas de forma adicional en favor de la presidenta ejecutiva de la CCSS.
Andrey Quesada Azucena, abogado de la Dirección Jurídica de la CCSS, enfatizó que la acción de personal con que se fijó el salario de Esquivel se emitió posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018. Por lo tanto, expuso, se trató de un acto administrativo irregular.
Por lo tanto, el jurista expresó que no existen argumentos razonables para presentar un recurso de revocatoria ante la Contraloría. En ese escenario, agregó el asesor legal, los directivos deben acatar la orden del órgano fiscalizador.
