La Superintendencia de Pensiones (Supén) presentó este jueves 16 un plan para estructurar, en un plazo de nueve meses, las reformas legales que se enviarán a la Asamblea Legislativa en febrero del 2025, con el objetivo de fortalecer, asegurar la sostenibilidad y elevar la cobertura del Sistema Nacional de Pensiones.
La iniciativa de la institución pública pretende que, para el próximo 30 de junio, esté conformado el Comité Interparticipativo (CIP), integrado por 15 personas que liderarán la discusión de las propuestas y dictarán la metodología de trabajo. Este grupo tendrá representación de instituciones públicas, del sector laboral, de empresarios, de entidades regulatorias, de la industria de pensiones y de académicos.
La coordinación recaerá en la Supén, pero también participarán la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa, la Asociación de Operadoras de Pensiones (Acop), el Ministerio de Trabajo, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), entre otros.
Entre octubre y enero del 2025 se prevé la elaboración de las propuestas legales, las cuales ingresarán a la corriente legislativa en febrero de ese año, según se expuso en el seminario Sistemas de Pensiones: Bases para realizar un proceso de discusión nacional para la propuesta de fortalecimiento, organizado por la Supén.
“Consideramos que es más beneficioso para el proceso integrar al Congreso desde el inicio porque, al final del camino, las iniciativas se tienen que convertir en proyectos de ley. Si no integramos a la Asamblea Legislativa de forma anticipada, los proyectos serían totalmente nuevos para los diputados y los asesores”, explicó Rocío Aguilar, superintendenta de Pensiones.
La funcionaria agregó que también espera una integración activa del Gobierno Central. “Vamos a alimentarnos (en el proceso) de todos los diagnósticos que ya existen. Nuestro objetivo es que esto se convierta en una de las reformas estructurales que el país requiere”, apuntó.
Entre las metas de la iniciativa están: explorar medidas que permitan financiar el sistema de pensiones sin depender de las planillas, analizar opciones para unificar regímenes con el objetivo de liberar recursos de cotización y tener claros los beneficios y requisitos de jubilación del país.
Además, se busca sanear las finanzas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja, elevar la cobertura, incorporar la pensión básica universal al sistema y crear mecanismos de formalización de trabajadores.
Aguilar consideró que los fondos básicos de IVM, Magisterio Nacional y Poder Judicial pueden coexistir. Sin embargo, debe existir equidad en la contribución que el Estado hace a los tres fondos en su calidad de patrono.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, coincidió en la necesidad de iniciar el diálogo nacional sobre los cambios al sistema de pensiones y ejecutar las reformas. “La posición oficial del proceso la tendrá la Junta Directiva (de la Caja). El objetivo de la institución siempre ha sido participar en procesos de diálogo, pero en específico este planteamiento (de Supén) debe ser valorado por la Junta”, recalcó el jerarca.
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, recalcó que es necesario incorporar a la Asamblea Legislativa desde el inicio en el proceso de constitución de las reformas al sistema de pensiones nacional, porque los cambios legales deben aprobarse en el Congreso. (Mayela Lopez)
