OCDE sugiere a Costa Rica elevar la edad de retiro a 67 años y variar cálculo de pensión
Alberto González, jefe de la OCDE en México y Costa Rica recomendó que los eventuales cambios al IVM reduzcan las cargas patronales para subir la cobertura y mejorar los ingresos de la pensión
Alberto González Pandiella, jefe de la Oficina de México y Costa Rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentó este jueves las posibles medidas de reformas que se pueden impulsar en el sistema de pensiones del país para darle sostenibilidad, especialmente al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Elevar la edad de retiro de 65 a 67 años y modificar la fórmula de cálculo del monto de la pensión fueron las dos opciones presentadas por el vocero de la organización, las cuales ya se han incorporado en otros países miembros de la OCDE, como España, Francia y Portugal.
“¿Qué reformas vemos en los países de la OCDE? Una respuesta común en el proceso es aumentar la edad de jubilación. Las mejoras en la salud, calidad de vida y la capacidad laboral de los adultos mayores hacen que sea viable esta reforma para incrementar la sostenibilidad financiera (de los fondos de pensiones)”, dijo González, de forma virtual, desde París, Francia.
El representante planteó su propuesta en el seminario Sistemas de Pensiones: Bases para realizar un proceso de discusión nacional para la discusión de una propuesta de fortalecimiento, organizado por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Con las actuales reglas de jubilación del IVM, los hombres solo pueden retirarse a los 65 años, mientras que las mujeres pueden adelantar la pensión a partir de los 63 años, normas que rigen desde el pasado 10 de enero.
Sobre el monto de la pensión, añadió que algunos países miembros de la organización incrementaron el número de años para calcular la cuantía de la pensión, pues hay naciones que no toman en cuenta el total de años de cotización al fondo de jubilación.
Precisamente, ese es el caso de Costa Rica, donde la pensión del IVM se calcula con base en los salarios reportados en los últimos 25 años de cotización; antes de la reforma vigente desde enero, se tomaban 20 años. Sin embargo, González señaló que en Estados Unidos se calcula con base en 35 años de aportes y en Portugal a los 40 años.
“Para apuntalar la sostenibilidad se incrementa el número de periodos de cotización para calcular las pensiones. Al considerar un mayor número de años, es probable que las pensiones resultantes sean más bajas frente a un sistema que contabiliza los mayores ingresos. Esto incrementa la equidad y se evita que los beneficios sean altos para quienes tuvieron ingresos altos en un periodo corto”, explicó el representante de la OCDE.
Para Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los cambios aplicados en las reglas de jubilación del IVM desde enero anterior fueron un avance para mejorar las finanzas del fondo.
El funcionario recordó que, antes del 2005, la pensión se calculaba con base en los últimos cinco años de cotización, luego se cambió a 20 años y actualmente son los mejores 25 años de cotización. “Los elementos expuestos (por el vocero de la OCDE) habrá que discutirlos y dependerá de la visión de los miembros de la Junta Directiva de la Caja, con el objetivo de darle sostenibilidad al sistema”, apuntó Barrantes.
Álvaro Ramos, exsuperintendente de Pensiones, afirmó que el conjunto de eventuales cambios determinará el efecto en los beneficios. “Por ejemplo, en un escenario donde muchas mujeres tuvieron ingresos relativamente buenos temprano en su vida y luego de tener hijos no los recuperaron, alargar el periodo de referencia (para el cálculo del monto de la pensión) puede beneficiarles”, recalcó.
Ramos agregó que elevar la edad de retiro puede ser prematuro, pues esta subió en forma reciente cuando se eliminó la posibilidad de adelantar el retiro antes de los 65 años.
Por su parte, Édgar Robles, exjerarca de Supén, consideró que la actual fórmula de cálculo del monto de la pensión crea exclusión para quienes laboran a tiempo parcial. “En el escenario ideal, se deberían tomar en cuenta todos los salarios (para calcular la pensión); teniendo la pensión básica universal para todas las personas, pues sería el piso mínimo para todos”, dijo.
Previo a cualquier reforma, subrayó Ramos, se necesitan los resultados de un nuevo estudio actuarial al IVM para conocer el efecto de la pandemia de covid-19 en el régimen y la enorme reducción en la tasa de fecundidad en los últimos años.
Durante su exposición en el seminario, el gerente de Pensiones de la Caja manifestó que a mediados de junio próximo tienen previsto presentar la valoración más reciente del fondo de pensiones.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, dijo durante el seminario organizado por la Supén que la cotización al IVM del 12,16%, sobre el salario del trabajador, es reducida. (Óscar Rodríguez A.)
Bajar cotizaciones
González Pandiella sí recomendó de manera directa descartar la posibilidad de elevar la contribución patronal para fortalecer el IVM, porque las cargas sociales de los empleadores al régimen y al Seguro de Salud son del 21,92%, mientras que el promedio de la OCDE está por debajo del 15%.
El especialista consideró que subir los aportes incrementaría la informalidad. Tal indicador era del 38% de la población ocupada en el primer trimestre, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Por el contrario, el funcionario de la OCDE sugirió reducir las contribuciones sociales de los patronos para elevar la cobertura de afiliados y mejorar los ingresos del IVM. El eventual recorte sería sustituido por transferencias gubernamentales, propuso.
Sin embargo, el gerente de Pensiones de la Caja consideró bajo el aporte obrero, patronal y estatal al régimen de pensiones, el cual llegará al 12,16% en el 2029. Actualmente es del 11,16%.
“Pensar en 12% de contribución no es sostenible para el IVM”, destacó Barrantes. El jerarca más bien consideró la necesidad de redireccionar cargas sociales y transferencias de recursos de las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional hacia el régimen.
Para Robles, los aportes hechos a la seguridad social no vinculados a la pensión son elevados, por lo cual la opción es consolidar contribuciones o financiar las pensiones de la CCSS mediante un impuesto.
