Junta Directiva de CCSS decide acatar orden de Contraloría de ajustar salario a Marta Esquivel

El 19 de diciembre, la Contraloría emitió un pronunciamiento en el que afirmó que la jerarca recibe, desde setiembre de 2022, cuando fue nombrada en el cargo, ¢7,1 millones al mes, monto que infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues en esa norma se establece que la remuneración de ese y otros cargos no debe superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, ¢5,5 millones mensuales, aproximadamente.

Frente a ese hecho, la Contraloría determinó que el pago adicional a favor de Esquivel perjudica la Hacienda Pública y dispuso ajustar de inmediato el monto y recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto.

Este martes 9 de enero, con cinco votos a favor y uno en contra, la Junta Directiva de la entidad decidió cumplir el mandato y no presentar un recurso de revocatoria ante la Contraloría. Votaron a favor Martha Rodríguez y Maritza Jímenez, representantes del sector social; Zeirith Rojas y Johnny Gómez, representantes del sector patronal, y María Camareno, representante del Poder Ejecutivo. Solo votó en contra Jorge Porras, representante del Poder Ejecutivo.

No obstante, los directivos dejaron pendiente la votación de cuatro recomendaciones hechas por la Dirección Jurídica sobre cómo ejecutar la orden de la Contraloría.

En ese sentido, la Dirección Jurídica recomendó declarar “lesivo para los intereses públicos” la acción de personal 435977-2022, con la cual se definió, desde el 20 de setiembre de 2022, el salario de Esquivel en ¢7,1 millones.

Para cumplir con ese mandato, recomiendan los asesores legales, la Gerencia Administrativa de la CCSS deberá, en un plazo no mayor a diez días, presentar acciones judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se anule esa acción de personal.

Al mismo tiempo, sugirieron acordar una medida cautelar que consiste en que, a partir de ahora, a Esquivel se le pague ¢5,5 millones por mes y se le retenga la diferencia de ¢1,6 millones mensuales hasta que las autoridades judiciales resuelvan la nulidad y la jerarca ejerza su derecho de defensa.

Por último, recomendaron que, luego de que se resuelva la nulidad, la entidad proceda a recuperar las sumas pagadas de forma adicional a favor de la presidenta ejecutiva de la CCSS.

Andrey Quesada Azucena, abogado de la Dirección Jurídica de la CCSS, enfatizó que la acción de personal con que se fijó el salario de Esquivel se emitió posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018. Así que es un acto administrativo irregular, según expuso.

Por lo tanto, el jurista expresó que no existen argumentos razonables para presentar un recurso de revocatoria ante la Contraloría General de la República. En ese escenario, agregó el asesor legal, los directivos deben acatar la orden del órgano fiscalizador.

Antes de iniciar la discusion, Esquivel decidió abstenerse de participar en el debate y votación del tema para evitar conflicto de intereses. Sin embargo, antes de salir de la sesión instó a sus compañeros a debatir el asunto de manera confidencial.

‘Relincha la Contraloría’

La discusión en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre ajustar a la baja el salario de Marta Esquivel estuvo marcada por cuestionamientos de varios directivos sobre el proceder de la Contraloría.

El más llamativo fue el de Johnny Gómez Pana, representante patronal en ese órgano. “Por qué hasta ahora relincha la Contraloría (...) Por ahí se dice que hay una denuncia en relación con el tema”, dijo.

Una vez finalizada la sesión de este martes, al ser consultado por esa expresión, Gómez se disculpó y manifestó que su intención no era comparar a la Contraloría con un caballo, sino entender por qué, hasta ahora, se objetó el monto definido para el salario de la jerarca institucional si existen pronunciamientos de la Caja que mostraron dudas al respecto e, incluso, se plantearon esas dudas ante la Contraloría.

Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, explicó que la determinación de la Contraloría se debe a una denuncia ciudadana presentada ante la Contraloría.

Semanas atrás, Esquivel declaró, por medio de la oficina de prensa institucional, que nunca recibió “un salario superior al aprobado de manera deliberada” y que la remuneración es idéntica a la que percibía su antecesor, Álvaro Ramos.