En un comunicado de prensa enviado este viernes 22 de diciembre, Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) manifestó que no recibió “un salario superior al aprobado de manera deliberada”.
La declaración de la jerarca ocurre dos días después de que se conociera un pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) en el que se establece que la jerarca captó remuneraciones mensuales superiores a lo permitido por la legislación vigente.
En específico, la Contraloría señaló que la CCSS paga a Esquivel un salario de ¢7.158.848 mensuales desde que fue nombrada, el 20 de setiembre de 2022. Sin embargo, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, implementada en el 2018, determinó que el salario total de los servidores públicos no puede superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, ¢5.565.000 mensuales.
Sobre ese tema, Esquivel dijo que la Junta Directiva definió el salario del jerarca institucional desde el 2019 basados en un informe de la Dirección de Administración y Gestión de Personal y que tras la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la unidad técnica no presentó los análisis para realizar los ajustes.
“Esta omisión no fue informada a la Junta Directiva por la Auditoría Interna, lo que resultó en el mantenimiento del acuerdo salarial previo”, declaró Esquivel por medio del boletín.
Según la entidad, el expresidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos Chaves, también devengó un salario de ¢7,1 millones mensuales, durante su gestión de mayo a setiembre de 2022.
La Nación llamó y le envió mensajes a Ramos para hablar sobre el salario durante su paso por la CCSS, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
La Contraloría ordenó a la Junta Directiva ajustar de inmediato el monto devengado por Esquivel y recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto derivado de las diferencias, como aguinaldos, salarios escolares, cargas sociales y fondo de capitalización laboral, entre otros.
“Resulta imperante que la Junta Directiva adopte las medidas correctivas para restablecer la legalidad y salvaguardar el correcto funcionamiento de la gestión administrativa”, detalla el escrito del órgano contralor.
