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Los próximos cuatro meses traerán nuevos recortes de 400 trabajadores en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), como parte del proceso de disminución de planilla necesario para el equilibrio financiero y replanteamiento de sus negocios.
De 1.200 empleados, la empresa requiere quedar solo con 300 y por ello tendrá que hacer reducciones de personal hasta llegar a esa cifra.
Los primeros 400 trabajadores salieron en noviembre, al acogerse a unas de las tres opciones que brinda la institución. El grueso son los llamados prejubilados, provenientes de diferentes departamentos.
A ese grupo se unieron operarios portuarios con baja carga de trabajo y oficiales de seguridad, cuyo servicio de vigilancia será tercerizado.
De todos ellos, unos 270 optaron por la opción de prejubilarse, para recibir en promedio ¢1,2 millones hasta alcanzar la edad de pensión que establece el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Otros 100 se decantaron por renunciar con el pago de prestaciones más un bono de hasta ocho salarios, mientras que apenas unos 30 prefirieron quedarse en el Estado mediante su traslado a otra institución pública.
La presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, señaló que el proceso ha requerido hacer mediciones en cada uno de los departamentos, con base en el ritmo de trabajo actual, para determinar en cuáles se debe hacer recortes de personal y el número de empleados del que se debe prescindir.
“Ha sido un proceso muy complejo, muy retador, que va a requerir que vayamos haciendo adaptaciones precisamente por la complejidad que tiene y sobre todo, en la que va a ser muy importante escuchar a diferentes equipos para ir ajustando lo que haya que ajustar. Es un proceso que ha consumido toda la atención de la organización”, afirmó Centeno.
Nuevas salidas
Los empleados que permanecen en la institución están a la espera de que se defina la nueva estructura de la organización, para agotar posibilidades de quedarse.
Según Centeno, esa estructura ya quedó definida y aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
“El número es alrededor de 300 trabajadores ¿por qué digo alrededor? ese es el número que se está cruzando bajo las condiciones actuales (de trabajo de la institución). Obviamente si hay algún cambio, eso se tendría que adaptar, pero son entre 260 y 300 o un poquito más de personas, que depende precisamente de que se puedan tercerizar servicios o valorar si la disminución debe ser mayor o menor en ciertas cuadrillas”, afirmó Centeno.
Con su nueva estructura aprobada, la entidad portuaria tiene luz verde para ejecutar el segundo recorte de personal. Alrededor de 400 trabajadores más abandonarán la institución.
Como los prejubilados fueron los primeros en salir de la institución, los funcionarios que salgan en este segundo recorte lo harán con bonos de hasta ocho salarios o se moverán a otra entidad pública.
Esa opción fue tomando popularidad de último momento, días antes de que se cerrara la posibilidad de escoger alguna opción, el 17 de noviembre.
Aunque esa opción estuvo vigente desde agosto de 2018, menos de 10 personas pidieron ser trasladadas a otra institución pública antes de que Japdeva hiciera los primeros recortes.
“En traslados horizontales tenemos más de 250 personas anotadas, ese proceso va corriendo. He firmado alrededor de 30 traslados, eso triplica lo que en todo el año pasado se había hecho. El otro grupo se acogió a los bonos”, afirmó la jerarca.
Estos recortes en Japdeva responden a la aprobación de la ley para reestructurar la entidad portuaria, que entró en crisis por el arranque de operaciones de megapuerto de Moín.
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Pese a que desde 2011, la empresa estatal estaba advertida de que la concesionaria holandesa APM Terminals operaría la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), Japdeva no diversificó sus negocios ni redujo su planilla a tiempo, por lo que cayó en crisis financiera ante la pérdida de carga comercial.
La reestructuración de la Junta de Administración Portuaria costará ¢39.000 millones. El Estado tardará 10 años pagando los beneficios y subsidios a los extrabajadores portuarios.
