Juan Diego Córdoba. 9 octubre

Malas decisiones, negocios con bajo rendimiento, altos costos en remuneraciones, falta de planificación y deudas, asfixian las finanzas de seis de 10 empresas públicas del sector no financiero.

Esas son algunas de las causas que provocaron los números rojos en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Las pérdidas que afrontaron estas instituciones en 2018 sumaron poco más de ¢297.000 millones, recursos comparables a los que cuesta levantar dos hospitales como el que tendrá Puntarenas; o bien, hacer 29 pasos a desnivel como el que se construye en la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote.

El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) también sumó unos ¢900 millones a la casilla de pérdidas, aunque el fin del medio estatal es muy diferente a la de otras empresas públicas.

De acuerdo con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante la realidad de esas empresas estatales el Ejecutivo creó una unidad asesora que trabaja en un reporte para el Consejo de Gobierno, el cual resume la situación de todas las empresas del Estado.

Este reporte sería puesto en conocimiento del Consejo en los próximos días, según la ministra.

“En un primer momento se le ha dado atención al ICE, debido a su importancia para el mercado costarricense y a su considerable tamaño dentro del patrimonio del Estado. El Consejo de Gobierno conoce los problemas que afronta y cómo se espera que se resuelvan.

“Se está en vísperas de la promulgación del protocolo de Entendimiento de las Relaciones entre el Estado y las Empresas Propiedad del Estado. En él se definen los objetivos generales y prioridades del Estado como propietario, se establecen los criterios a los que deben responder la creación o permanencia de una empresa como propiedad del Estado y se plasman sus principios y expectativas sobre las buenas prácticas de gobierno corporativo”, explicó.

Garrido recordó que las empresas estatales tienen un fin público adicional a la sostenibilidad financiera, de ahí que deba analizarse si cada una cumple el objetivo de “producir valor" para la población mediante sus actividades, aunque con sostenibilidad.

A diferencia de esas seis entidades, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Junta de Protección Social (JPS), Correos de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), sí tuvieron números positivos.

Estas empresas sumaron ganancias totales por unos ¢185.000 millones. En conjunto, trasladaron al Estado cerca de ¢40.000 millones en obligaciones de ley para fortalecer los regímenes de pensiones y el fondo nacional de emergencias, entre otros destinos.

Además, la JPS realizó transferencias por ¢39.000 millones adicionales, designados a instituciones y programas de ayuda social.

El resto de las ganancias las empresas las destinan a capitalizar su patrimonio o fortalecer sus negocios.

Diseño: John Univio

Problemas de larga data

De las empresas estatales que cerraron con pérdidas el año anterior, Japdeva es la que vive una situación más crítica, cercana a la quiebra.

En este momento, la entidad portuaria depende de la aprobación de una propuesta de ley y un presupuesto extraordinario por ¢17.900 millones para desprenderse de hasta el 80% de sus trabajadores y así poder salir a flote.

Japdeva entró en crisis con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en febrero pasado, momento para el cual la Junta no se había preparado con nuevos negocios ni tampoco se desprendió del personal no necesario.

Andrea Centeno, quien tomó las riendas de la entidad portuaria en marzo anterior, en medio de la crisis, afirmó que para recuperar las finanzas se requiere de la reestructuración impulsada por el Gobierno.

Por su parte, en el CNP, las dos líneas de negocio encaran una mala situación, tanto que desde el Congreso hay iniciativas que proponen el cierre de la entidad, la venta de su subsidiaria la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el traslado del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

No obstante, el Poder Ejecutivo ha reiterado su negativa al cierre.

EL CNP arrastra deudas ante el Ministerio de Hacienda, principal causa del déficit de ¢4.461 millones.

“Se dejaron de pagar impuestos, no entiendo la razón, pero bueno… fue un tema político, una decisión que alguien tomó y ahora tenemos que hacerle frente”, señaló el presidente ejecutivo Rogis Bermúdez

Para este año la institución prevé generar ganancias en su programa agropecuario; sin embargo las deudas de la Fanal provocarán que el Consejo mantenga los números rojos en su balance final.

Deudas y rezagos

La salud financiera del ICE enfrentó un importante golpe en sus cuentas en 2018, cuando en sus estados financieros se disparó un negativo por ¢267.000 millones, luego de tomar la decisión de trasladar a la casilla de gastos los $146 millones que invirtió en el fallido megaproyecto hidroeléctrico El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas.

Ese mismo año el Instituto también tuvo que hacerle frente a fuertes fluctuaciones cambiarias, que afectaron el 85% de todo el endeudamiento.

Irene Cañas, presidenta ejecutiva, aseguró en la celebración del 70 aniversario del ICE, el 8 de abril pasado, que este año la entidad tendrá mejores resultados, pero aún con pérdidas. Para el primer semestre de 2019 hubo mejoras.

Asunto de tarifas

Las finanzas de los trenes del Incofer vienen descarriladas desde antes de 2005, cuando el Estado retomó el servicio de transporte de pasajeros en el centro del país.

Estudios financieros de la institución demostraron que la entidad no puede sopesar el elevado costo del servicio de trenes con la tarifa actual; sin embargo, cobrar una tarifa real provocaría que muy pocas personas pudieran pagar el transporte para movilizarse.

Además, no hay subsidio del Estado, recordó Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Incofer.

La velocidad de depreciación de los activos de la institución es algo que también impacta la contabilidad del Incofer.

El destino de la institución ferroviaria costarricense es concesionar el tren eléctrico interurbano que está en planes y quedarse solo con la operación del tren eléctrico limonense de carga (Telca).

Las tarifas también atormentan a Acueductos y Alcantarillados, que lleva tres años de pérdidas.

La Dirección Financiera de la institución afirma que hay un gran rezago, ante la negativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en 2017, a aprobar un alza escalonada del 59% en el servicio, para los tres años siguientes.

Los recursos permitirían financiar nuevas proyectos.

La entidad no prevé recuperar su estabilidad financiera hasta 2021.