Juan Fernando Lara Salas. 24 junio, 2019
Edificio sede del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado localizado en Pavas (San José) / Fotografía: John Durán
Edificio sede del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado localizado en Pavas (San José) / Fotografía: John Durán

Estrechez por rezago en las tarifas de agua y el resultado de una actualización reciente de activos son los argumentos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para explicar los tres años con problemas de liquidez, con gastos mayores a sus ingresos.

Del 2013 al 2018, sus ingresos crecieron en promedio un 3,8% mientras sus gastos lo hicieron 9,7%, según reflejan sus estados financieros consolidados.

Todavía, al cierre del 2013 y del 2014, el balance entre ingresos y gastos permitía excedentes de ¢26.209 millones y ¢29.759 millones, respectivamente. Incluso, así ocurrió al término del 2015, cuando el excedente fue de ¢16.810 millones.

Sin embargo, a partir del 2016 todo cambió. El excedente desapareció y en su lugar quedó una pérdida contable de ¢497 millones, como lo reflejan los estados financieros.

La pérdida luego se disparó a ¢16.942 millones en el 2017 y cerró en ¢8.496 millones el año pasado.

Ana Cecilia Matamoros, directora financiera del AyA, atribuyó esos tres años en cifra roja a un rezago tarifario después de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) les rechazara, en el 2017, un alza escalonada del 59% en el servicio, en tres años.

Aparte de proveer el líquido (servicio de acueducto), el Instituto genera ingresos con tarifas reguladas por el servicio de alcantarillado (traslado de aguas residuales) y el mantenimiento de su red de hidrantes.

En el país, AyA provee agua potable a 657.000 abonados (ellos equivalen a casi 2,3 millones de habitantes con servicio). El resto del suministro lo asumen Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) y municipalidades.

Desde el 2017, el Instituto había justificado un alza en ese servicio para asegurar fondos para proyectos de suministro de agua y saneamiento, luego de que la Aresep aplicó una rebaja de tarifas en el año 2014.

Empero, cuando la Autoridad Reguladora rechazó su pedido, lo hizo al considerar que el AyA disponía entonces de ingresos suficientes para sus gastos operativos, administrativos y de mantenimiento para los próximos tres años.

Matamoros agregó que, hacia octubre del 2018, AyA sí recibió un alza en las tarifas por el servicio de alcantarillado lo cual mejoró sus ingresos.

No obstante, insistió en que la negativa del incremento en las tarifas de acueducto del 2017 les impidió cubrir la diferencia entre ingresos y gastos operativos.

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ANUALES AYA.    || w. s. / LA NACIÓN.

Más depreciación

El otro elemento que explica tres años de pérdidas es que AyA, como el resto del sector público, empezó hace años con una adecuación de sus estados financieros a las llamadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conforme lo estableció la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda.

Como parte de ese tránsito contable, en el 2016 todas las entidades públicas bajo NIIF debían hacer un balance de apertura con la nueva normativa. Un balance de apertura fija la situación desde la que parte una empresa para seguir con su actividad al comienzo de un nuevo año fiscal.

Matamoros explicó que esto llevó al AyA a realizar una actualización del valor económico de sus activos en los libros contables. Uno de esos bienes que se actualizaron fue la tubería de alcantarillado del área metropolitana.

“El valor que esa tubería tenía en nuestra contabilidad estaba muy desactualizado porque el monto era de ¢3.000 millones. Al final del proceso de avaluó quedó en ¢150.000 millones. Esa diferencia significa un aumento en el patrimonio pero impactó en el rubro de depreciación lo cual contribuyó al déficit”, explicó la directora financiera.

La depreciación de activos es un estudio contable mediante el cual se rebaja económicamente el valor de un bien por su desgaste natural debido al uso y su consecuente pérdida de valor con el paso del tiempo.

Avalúos posteriores de otros bienes durante el 2017 y 2018 exacerbaron la cuenta de depreciación ampliando el desfase entre ingresos y gastos, explicó Matamoros.

La funcionaria proyecta que el AyA recuperará sus equilibrio y tendrá utilidades en el 2021.

Dentro de esa previsión se contempla la incorporación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir de este año, el cual impactará la demanda de agua al exonerarse de ese tributo aquellos consumos inferiores a 30 metros cúbicos mensuales.

“Esto quiere decir que aquellas familias con ese nivel de consumo procurarán ahorrar y con seguridad eso impactará nuestra facturación. Además, nuestras campañas de uso racional de agua han tenido un impacto positivo en el ahorro del recurso pero nos afecta el consumo y el ingreso”, explicó.