Las alicaídas finanzas de la institución reviven el antiguo debate sobre su destino, mientras avanzan dos proyectos de ley en comisiones de la Asamblea Legislativa.

Uno pretende cerrar la institución y vender la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), negocio adscrito al CNP. El otro le permitiría al Ministerio de Educación Pública (MEP), principal comprador de alimentos de esta institución, adquirir los productos directamente a agricultores o supermercados, cuando actualmente está obligada a comprárselos al Consejo.

Conociendo ambas iniciativas, el presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, sostiene que la institución está mejorando la rentabilidad de sus negocios, a pesar de que no vislumbra estabilidad en las finanzas debido a antiguas deudas que arrastra la Fábrica Nacional de Licores.

Afirma además, que el Consejo Nacional de Producción es el principal aliado del agro costarricense, y que sin esa institución, agricultores quedarían expuestos a la pobreza ante la situación económica que atraviesa el país.

“En un momento en que estamos en una crisis fiscal, el campesino necesita estar produciendo y generando fuentes de ingresos para no depender del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) y que continúe creciendo la pobreza. Esa es la parte que yo les pediría a los diputados que vean, que entiendan la función social de la institución, que vuelve a retomar un papel importante para la sociedad y el sector productivo”, señaló Bermúdez.

Según la institución, actualmente le compran productos a unos 22.000 agricultores reunidos en 260 agroempresas.

Pablo Heriberto Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien presentó la propuesta de cerrar la institución, afirmó que esa labor la podría hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que se podría trasladar a los trabajadores para evitar despidos.

“La propuesta trasladaría el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) al MAG, porque esa es la sustancia, la justificación que inventaron para sostener al CNP. En el resto de funciones, honestamente ya están incluidas en otras instituciones. Entonces nos evitaríamos la duplicación de funciones”, señaló Abarca.

Por su parte, Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) que impulsa la iniciativa para eliminar la obligación que tienen los comedores escolares para comprarle los alimentos al CNP, basa su propuesta en los señalamientos que la Contraloría ha emitido en contra de esa institución.

“El espíritu de este cambio en la normativa del CNP lo respalda el más reciente informe de la Contraloría General de la República, en el cual se reflejan sobreprecios hasta en un 66% en relación con los supermercados locales, ineficiencia en la entrega de los productos y problemas de inocuidad en los alimentos que consumen nuestros niños y jóvenes”, señaló Jiménez.

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A pesar de ello, Bermúdez afirma que el Gobierno no apoyará ninguno de los dos proyectos de ley que afectarían las operaciones de la institución que él lidera.

“En este momento, nosotros como Ejecutivo no estamos apoyando ningún proyecto en la Asamblea Legislativa, al menos no que yo sepa, como jerarca de la institución. Es importante señalar que hemos crecido alrededor de un 350% en los últimos cuatro años, las ventas pasaron de representar ¢18.000 millones a ¢65.000 millones, como pretendemos cerrar este año”, manifestó el jerarca.

Ambas iniciativas se encuentran en periodo de consultas en las comisiones de Asuntos Económicos y de Ciencia y Tecnología, respectivamente.

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Deudas de Fanal

Al Consejo Nacional de Producción (CNP) le cuesta caro sostener las operaciones de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), debido a que ese negocio arrastra viejas deudas con el Ministerio de Hacienda y también afronta el impacto por la caída en las ventas de su producto estrella, guaro Cacique.

Ese negocio le provocó el 75% del déficit de la institución en los últimos dos años.

Bermúdez reconoció que tal realidad afecta los programas agrícolas que debe desarrollar con los recursos que genera la Fanal, que además se usan para pagar deudas y gastos operativos.

“De cierta forma, sí (es un peso), porque es un programa que no tuvo mayor crecimiento y luego los pasivos con que cuenta la Fanal, que es un tema importante al que debemos hacer frente. Es de vieja data, pero hay que enfrentarlo, hay que cumplir con eso”, afirmó.

Algunas de esas deudas datan de entre el 2002 y el 2012.

“Se dejaron de pagar impuestos, no entiendo la razón, pero bueno... fue un tema político, una decisión que alguien tomó y ahora tenemos que hacerle frente”, lamentó Bermúdez.

El bajo crecimiento en la venta de Cacique también golpeó las finanzas de Fanal. Según el presidente del Consejo, esa situación se está corrigiendo con el lanzamiento de otras bebidas al mercado.

“Lo que hacemos, básicamente, son nuevos productos con buena aceptación en el mercado y manteniendo siempre la producción de los que tradicionalmente se tienen, que habían recibido una baja, como el guaro Cacique”, añadió Bermúdez.

Entre los nuevos productos se encuentran el llamado chiliguaro, así como ligados de sandía, guayaba y jamaica.

La propuesta del diputado Abarca sacaría la Fábrica Nacional de Licores de manos del CNP y del Estado.

El texto original de la iniciativa contemplaba el traslado del negocio a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica); sin embargo, el proyecto daría un giro en la Comisión, según reconoció el legislador.

“Hay que hacerle cambios al tema, yo preferiría ver un concurso internacional para ver las ofertas que se hacen para la Fanal. Eso implicaría una apertura total del mercado. Por eso, yo, en su momento, pensé en transferir primero, para hacer una apertura gradual”, señaló Abarca.

Al respecto, el presidente del CNP añadió que en los últimos años “siempre ha estado el riesgo” de vender la Fábrica porque “tiene una línea comercial muy importante” y que es una empresa “atractiva para que alguien la quiera comprar”.