Cerrar el Consejo Nacional de Producción (CNP), liquidar a sus 537 funcionarios y que otras instituciones asuman las labores que hasta el momento están asignadas a esa entidad.
Eso es lo que pretende un proyecto de ley presentado la tarde de este martes por el diputado Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
De acuerdo con la iniciativa de ley presentada por el legislador, el CNP “ha dado paso a un incremento constante del gasto público, sin obtener los resultados esperados”, por lo que el Estado debería cerrarlo.
Entre otras actividades asignadas por ley al CNP, se encuentra la venta de alimentos a comedores escolares, así como enlazar pequeños productores agropecuarios y agroindustriales con el mercado y las instituciones públicas.
Recientemente, la Contraloría ha emitido informes en los cuales se señala que esa institución vende productos a las escuelas, a precios más altos que los mismos supermercados locales.
Fue la misma la Contraloría que en 2013, sugirió su cierre, por los problemas financieros y los riesgos de sostenibilidad operativa de esa institución.
“Desde hace años el Consejo Nacional de Producción no cumple eficazmente con los fines y actividades para los cuales se creó”, manifestó Abarca.
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Las funciones de esa institución pasarían a manos de otras como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Costarricense del Café (Icafé), Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), entre otras.
Para este año, el Consejo tiene un presupuesto que asciende a los ¢91.000 millones, de los cuales ¢11.500 millones están destinados al pago de salarios.
Anoche se intentó localizar a Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, pero no fue posible.
Esta iniciativa de ley se une a la que presentó el diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), para eliminar la obligación de las escuelas de comprarle los alimentos al CNP.
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Trasladar la Fanal
La iniciativa de ley también plantea convertir la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y traspasarla a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), una corporación no estatal de derecho público.
“Una vez transformada en sociedad anónima, el 100% del capital accionario de la Fanal, se trasladará a Laica para su posición legal y administración”.
Según la iniciativa, los empleados de la Fanal que no se quieran acoger al traslado, podrán renunciar con responsabilidad laboral, por lo que percibirían todo los conceptos de la liquidación.
Por otra parte, Laica deberá respetar los derechos adquiridos de los trabajadores que sí se mantengan en la Fanal.
