Juan Diego Córdoba. 2 junio
El 60% de productos que surte el CNP para consumo de 148.000 escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios locales, según señala la Contraloría. Archivo
El 60% de productos que surte el CNP para consumo de 148.000 escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios locales, según señala la Contraloría. Archivo

Una iniciativa de ley propone eliminar la obligación que tienen los comedores escolares de comprarle los alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP) y que puedan decidir si adquieren los productos en el supermercado o mediante la entidad estatal.

Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), basa su proyecto de ley en los señalamientos de la Contraloría General de la República, en los que se evidencia que el CNP vende a las escuelas alimentos a precios más altos.

Por ejemplo, un kilo de tomate le cuesta ¢286 más caro a las escuelas de la zona norte del país que le compran al Consejo Nacional de Producción, en comparación a si lo adquirieran en algún supermercado local.

Por el azúcar deben pagar ¢162 de más; por el arroz ¢82 y por un kilo de filet de tilapia hasta ¢2.890 por encima de lo que pagan los consumidores en comercios locales.

“Esto tiene que ser opcional, porque si uno de los objetivos es elevar la cobertura de comedores escolares, a través del modelo actual con el CNP jamás se lograría, porque las escuelas y colegios se encuentran atrapados en un laberinto de sobreprecios en relación con los proveedores locales hasta en un 66,3%", manifestó Jiménez.

El presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, advirtió de que la propuesta de reforma a la ley orgánica de esa entidad, impulsada por el verdiblanco, afectaría a los productores costarricenses.

“Esa modificación permitiría que grandes cadenas comerciales de importadores puedan acceder a ese mercado por medio del sistema de compras públicas del Estado, afectando directamente a nuestros micro, pequeños y medianos productores que no cuentan con la capacidad logística y financiera para competir”, afirmó Bermúdez.

Por el contrario, el diputado sostiene que más bien es una oportunidad para ellos.

“Los pequeños productores no logran inscribirse al CNP porque sus trámites son engorrosos y tendrían que esperar la cancelación de sus productos hasta en 60 días plazo. Con la modificación a la ley, el pequeño productor estará habilitado para venderle a los centros educativos sin intermediarios”, afirmó Jiménez.

El jerarca del Consejo Nacional de Producción reconoció sobrecostos de hasta 70% en algunos de los alimentos; sin embargo, afirmó que ya implementaron un nuevo modelo de costos para solventar el problema.

“En algunos casos comprábamos productos a ¢100 y los vendíamos a ¢80, es decir, perdíamos. Entonces lo que buscamos ahora con la nueva metodología de precios, basada en investigaciones de costos regionales, es bajar los precios altos y los que están muy abajo los ajustamos hacia arriba para lograr el equilibrio”, manifestó Bermúdez.

Ese nuevo sistema de precios generará una reducción en los costos, según el jerarca de la institución, quien además aseguró que el mismo fue presentado nuevamente ante la Contraloría General de la República.