El temor de perder su trabajo como miscelánea en Japdeva, ante el futuro incierto de la entidad portuaria, motivó a Katerin Arteaga a aceptar el traslado al Instituto Nacional de Seguros (INS), donde ahora se desempeña como oficinista.
Ella es una de los dos trabajadores portuarios que decidieron acogerse a los llamados traslados horizontales, estrategia que busca colocar a 600 empleados en otras instituciones, con el objetivo de evitar despidos de los funcionarios de Limón.
Hasta el momento el plan de movimientos horizontales ha tenido poco éxito. Arteaga cree que una de las principales razones por las que sus excompañeros se resisten a salir de Japdeva, es el temor a perder los pluses que reciben.
“A la gente todavía le da miedo perder los beneficios salariales que tienen en Japdeva, también a ser despedidos poco tiempo después del traslado. Hay otros que se oponen porque los puestos que les ofrecen están en San José y eso significaría que tendrían que salir de Limón”, manifestó la mujer.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez, aseguró que esa opción se mantiene para todos los trabajadores actuales, con el objetivo de que puedan conservar un puesto de trabajo y por lo tanto su ingreso.
“Es una ventana que continúa abierta para todos los trabajadores de Japdeva. Hay oportunidades para encontrarles espacio en otras instituciones públicas según su perfil, pero no es algo a lo que el Gobierno los pueda obligar”, manifestó Núñez.
Acogerse a la opción de trasladarse al INS también le trajo beneficios a Katerin Arteaga. Según cuenta, esperó por años un ascenso en Japdeva luego de culminar el bachillerato y obtener cursos de computación. Ahora en el INS ostenta el puesto de asistente de seguro y mejoró su salario.
“Yo les recomendaría a mis excompañeros que consideren la opción de los traslados, ellos piensan que si no hay un aumento de salario de por medio, no se trasladan, pero en realidad es mejor algo constante y no quedarse sin nada. Tienen que al menos evaluar las opciones que les están dando para que tengan un trabajo fijo”, manifestó.
Al momento de pensionarse, renunciar o ser cesados de la institución que los reciba, los funcionarios obtendrán todos los derechos de liquidación que acumularon durante el tiempo que laboraron en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
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Costosa planilla
La empresa portuaria estatal tuvo que desembolsar ¢30.200 millones en 2018 para el pago de salarios de sus 1.200 trabajadores. El 35% de ese monto (¢10.570 millones) representa incentivos salariales recibidos por los operarios.
Ante el reto de disminuir los gastos de la entidad por la pérdida de la mayoría de la carga comercial que llega a Limón, el mandatario Carlos Alvarado firmó una directriz en agosto anterior para trasladar la mitad de los empleados de Japdeva a otras instituciones públicas.
Esto también con el fin de evitar despidos masivos en la provincia; sin embargo, los empleados portuarios han rechazado esas opciones.
Alvarado tomó esa decisión antes de que la Junta Directiva de Japdeva anunciara que la entidad se encamina a la quiebra, por la pérdida del 70% de la carga comercial, a raíz de la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín.
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Alvarado aseguró que debe esperar a conocer en detalle los números operativos de Japdeva antes de tomar alguna decisión. Eso sí, aseguró que los derechos laborales de los trabajadores van a ser respetados.
En caso de tener que recurrir a despidos masivos, el Estado tendría que financiar las liquidaciones de los trabajadores mediante deuda pública, pues los ¢15.000 millones para este tema, reservados desde 2011, los consumió la entidad comprando dos grúas pórticas durante la administración Solís.
La comunicadora Andrea Centeno asumió la Presidencia Ejecutiva de Japdeva el pasado 26 de marzo, un día después de que Carlos Alvarado destituyera al exjerarca portuario Greivin Villegas.
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Además de gestionar las terminales públicas Hernán Garron de Limón y Gastón Kogan de Moín, y realizar inversiones sociales en el Caribe, Japdeva también tiene en sus manos la administración del canon de operación de la Terminal de Contenedores de Moín, que destinará cerca de $1.000 millones en 30 años, para proyectos de desarrollo económico de la provincia.
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