A partir del 1.° de julio los usuarios de Uber pagarán el 13% de impuesto al valor agregado (IVA) por cada uno de sus viajes. Sin embargo, aunque el cobro se realice, el Estado no lo recaudará hasta que esta actividad no esté legalizada en el país.
La decisión la tomó el Ministerio de Hacienda a poco más de dos meses de que entre a regir el tributo sobre todos los servicios que se brindan en Costa Rica, impuesto creado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre.
El martes pasado, la empresa tecnológica aseguró a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, que a partir de julio cobraría el IVA a los usuarios con el objetivo de cumplir con las disposiciones de la reforma fiscal.
Hacienda no recibirá ese pago.
“La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas autoriza al Ministerio de Hacienda a poder hacer la gestión de cobro del impuesto ante servicios que sean legales, como por ejemplo la prestación de Netflix, o aquellos otros que no tienen un problema de ilegalidad como Airbnb, Booking, o algún otro", manifestó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta.
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El problema para el Gobierno es que si cobra el impuesto de valor agregado sobre cada viaje reportado por Uber, estaría legalizando tácitamente el servicio de transporte de personas mediante este tipo de plataformas, cuando en agosto anterior tomó la decisión de declararlo ilegal.
La reforma fiscal establece la obligación de estas plataformas de pagar el impuesto de valor agregado. Justamente se menciona estos servicios en el primer artículo de la Ley 9.365.
No hay método de recaudación
Como aún la actividad no es legal, el Ministerio de Hacienda reconoció que no ha tenido acercamiento con la empresa Uber para establecer el método de recaudación del IVA sobre cada viaje.
“Por el momento no hay acercamiento, porque hay dos esquemas en los cuales se puede cobrar. Uno es en convenio con la empresa y otro es a través de los medios electrónicos de pago. Estamos evaluando ambas opciones para ver cuál nos permite mayor agilidad y certeza del monto”, aseguró Acosta.
La empresa tomó la iniciativa y anunció que retendrá el tributo de cada viaje para posteriormente traspasarlo a Hacienda; sin embargo, las autoridades también evalúan otras opciones.
“A partir de julio se va a cobrar el 13% y se lo vamos a enviar a Hacienda. Nosotros estamos trabajando para estar en cumplimiento con esa ley, estamos trabajando fuertemente para estar en ello. Las empresas de Uber pagan sus tributos al día”, afirmó Zoraida Rodríguez, directora de Relaciones Gubernamentales de Uber.
Aun así, los representantes de la transnacional reconocieron que la empresa no paga el impuesto sobre la renta correspondiente al 25% que la plataforma se reserva como ganancia por cada viaje.
Según ellos, ese pago se realiza en Holanda, en donde se encuentra radicada la plataforma tecnológica.
Iniciativa para regular plataformas digitales
La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa discute el proyecto de ley presentado por el Gobierno para regular las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), entre las que se encuentra Uber.
Estas son las principales medidas que plantea la iniciativa para permitir la coexistencia entre los taxis rojos y las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT) como Uber.
- Las rentas o beneficios provenientes de la actividad estarían sujetos al cobro del impuesto sobre el valor agregado (IVA), de un 13%, así como al impuesto sobre remesas al exterior (8,5%).
- En el caso de las EPT que han operado de previo a la vigencia de la ley, como Uber, tendrán que pagar ¢8.299 millones (18.600 salarios base del Poder Judicial) por registrarse ante el Estado.
- Las EPT que ingresen al mercado tras la vigencia de la ley pagarían ¢44,6 millones por (100 salarios base) y ¢22,3 millones al renovar la inscripción (50 salarios base).
- Se cobraría un 3% adicional sobre cada servicio para financiar un fondo para modernizar el transporte público.
- Todos los choferes tendría que inscribirse como trabajadores independientes ante la CCSS.
- Todas las EPT serían declaradas como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria de Aresep.
- Deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP) para poder operar legalmente.
- Deberán emitir políticas y procedimientos estandarizados para fomentar la seguridad de los usuarios, así como evitar el acoso sexual y la discriminación. También, deben garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley N° 7600).