EscucharA dos meses y medio de concluir su gestión, el Gobierno aún no logra cumplir el compromiso de recuperar las frecuencias requeridas para desarrollar una red móvil de quinta generación (5G), las cuales tiene retenidas el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Esas frecuencias son propiedad del Estado y su administración está a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), pero el ICE se resiste a devolverlas voluntariamente y el Poder Ejecutivo se niega a quitárselas por medio de una declaratoria de interés público pues teme represalias legales.
El rescate es “prioridad” desde 2018 y el plan es sacar a subasta esas frecuencias, como ocurrió en 2011 con la venta a Movistar y Claro por $195 millones y en 2017 con otra parte del espectro por $43 millones más, para un total de $238 millones.
El monto a cobrar por ellas no está definido, pero es millonario dado que la 5G es decenas de veces más veloz que la 4G pues da velocidades de hasta 10 Gigabits por segundo al tráfico de datos, lo que sin duda implicará una revolución de los negocios digitales y un salto en la competitividad del país.
En julio del 2020, el presidente Carlos Alvarado aseguró en el programa radiofónico Hablando Claro, de radio Columbia, que el arreglo con el ICE estaría listo para mayo del 2021. “En materia de 5G, en el mes de mayo de 2021 el ICE llegará al acuerdo con el Micitt para lo necesario en materia de las frecuencias y será un hecho que, en la medida necesaria, parte del espectro debe volver al Micitt para su administración”, declaró.
Llegó mayo y no se cumplió. Ante esa negativa, Micitt ordenó en junio del 2021 la recuperación del espectro, sin que a la fecha se haya concretado, como lo confirmó la jerarca de esa cartera, Paola Vega Castillo, ante consultas de La Nación.
Vega respondió con evasivas cuando se le cuestionó si ese objetivo sería posible de cumplir antes de concluir la administración, el 8 de mayo. Primero, aseguró que el proceso “ha sido una prioridad” como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública desde 2018 y en la más reciente publicación Ruta 5G por parte del Micitt. Luego, sin precisar, habló de que siguen en análisis para respetar los procedimientos legales.
“Sin embargo, considerando que cada segmento de frecuencias identificado de interés para este despliegue presenta condiciones jurídicas particulares, incluyendo las bandas de 2600 MHz y 3500 MHz, cada situación debe ser analizada con sumo cuidado y atención, tanto jurídica como técnica, a la hora de tomar cualquier decisión administrativa para que sea conforme al bloque de legalidad y respetando el debido proceso garantizado por ley”, respondió.
Ese espectro ha estado bajo control del ICE, que evita devolverlo mientras teje su propio plan en caso de incursionar en 5G, según reveló correspondencia entre ambas entidades aunque legalmente la administración de las frecuencias le compete al Micitt.
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Esta inacción del Micitt se da a pesar de que la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) permite en su artículo 22 hacer una declaratoria de interés público para extinguir una concesión vigente de frecuencias en manos públicas o privadas bajo el argumento de “rescate por causa de interés público”.
Sin embargo, la ministra descartó esa salida en setiembre del año pasado por el temor de que el ICE pueda reclamar una indemnización al Estado pese a ser una empresa pública. Este diario volvió a consultarle si esa posible solución se estaría considerando, pero, de nuevo, lo descartó.
“Los informes emitidos se concentran en las opciones jurídicamente viables y que corresponden en derecho, según el criterio técnico del Viceministerio de Telecomunicaciones, indicó por escrito.
Sin liderazgo
Luis Adrián Salazar Solís, exjerarca del Micitt y Édwin Estrada Hernández, exviceministro de Telecomunicaciones, aseguraron que desde el 2018 le expresaron a Alvarado la necesidad y urgencia de recuperar espectro radioeléctrico que el ICE no usaba o lo hacía de manera ineficiente.
El espectro para 5G requerido para concesionar a firmas extranjeras va de 80 y 100 MHz de las frecuencias de 2.600 MHz y 3.500 MHz, según lo recomendado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Solo el ICE tiene espectro ahí: 190 MHz en la frecuencia de 2.600 MHz y 225 MHz en la de 3.500 MHz (415 MHz entre ambas).
Según los exfuncionarios, en el 2018 iniciaron conversaciones para un acuerdo mutuo de devolución de frecuencias entre el ICE y Micitt para el cual, afirmaron, era necesario el apoyo y compromiso del presidente Alvarado. Al cabo de casi dos años de ruegos e intercambio de oficios, concluyeron que nunca hubo interés político en la devolución.
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“Siempre tuvimos claro que el ICE debía revisar primero a lo interno y luego vendría el acuerdo de devolución. El tiempo pasó y vimos que el tema nunca fue prioridad del ICE o del Gobierno. Claramente no hay voluntad política, no avanzamos en la dirección correcta y perdemos oportunidades”, declaró Salazar.
Para Estrada, quedó en evidencia que ni Alvarado ni Vega tienen la voluntad en este asunto pues, de ser así, ya se habría suscrito el acuerdo de devolución.
“Ni el presidente ni la ministra tienen el liderazgo, no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el ICE. No rescatar estas frecuencias ni sacarlas a licitación trae graves consecuencias a la competitividad del país y la calidad de vida de todas las personas. Se está evitando el despliegue de redes robustas y escalables, lo cual se requiere para potenciar y reactivar la economía”, lamentó.
Inquietud empresarial
Mario Montero de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) explicó que la implementación mundial de 5G se desarrolla en las bandas medias de frecuencias, y ese es el espectro de 3.4 a 3.7 Gigahercios (GHz) que sigue en manos del ICE, sin que se conozca cuándo se recuperará.
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Según Montero, no se perciben avances y ante consultas que han hecho, las autoridades les han dicho que es un proceso en curso pero que es confidencial. Por eso, dijo, la Cámara tampoco conoce detalles sobre la cantidad de espectro a recuperar y cuándo se tendrá listo.
“Los procesos de subasta de espectro toman tiempo en ejecutarse, pero inician con la disponibilidad de espectro. La nueva administración tiene que definir fechas en el cortísimo plazo e instruir una pronta subasta. El país no puede quedarse atrás en materia tecnológica pues conllevaría impactos negativos en competitividad y un desincentivo a las inversiones”, expresó.
La Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) advirtió de que Costa Rica sufrirá una pérdida de competitividad debido a su menor capacidad de generar confianza y fuga de inversiones hacia otros países, según crezca la demanda de empresas extranjeras de redes 5G para el desarrollo y pruebas de sus productos.
“La liberación de frecuencias es solo un primer paso, muy importante por ser parte de la ruta crítica, pero no es el único. Aún faltan muchas acciones. Aquí hay un tema de plazos que es importante considerar pues el proceso desde la preparación de una licitación de espectro hasta su asignación, y por ende su ejecución es largo, entre dos a cuatro años desde que inicie su despliegue” alertó Elizabeth Arroyave Rojas, vocera de Camtic.
