Exalcalde de Turrubares arrastra deuda de ¢83 millones por compra fallida de vagonetas para ayuntamiento

De acuerdo con el expediente DJ‑127‑2012, Monge Granados, quien llegó a alcaldía de Turrubares en febrero de 2011 por el Partido Liberación Nacional (PLN), adeuda ¢83 millones a la Hacienda Pública por irregularidades cometidas en la contratación de dos vagonetas de 12 metros cúbicos a la empresa Magruve por ¢172 millones.

Según constató la Contraloría, el entonces alcalde encargó, el 28 de febrero de 2011, las dos vagonetas a la empresa Magruveh S. A. y el 2 de marzo firmó una solicitud dirigida al tesorero municipal, un hombre de apellido Arias, para transferirle a la compañía un adelanto equivalente al 80% del valor de los vehículos pesados, es decir ¢137 millones.

No obstante, el proveedor solo entregó una de las vagonetas requeridas, la segunda nunca llegó a los patios municipales.

Al ser consultado sobre este asunto, Monge Granados reconoció la deuda y aseguró que él y la Municipalidad de Turrubares fueron estafados por la empresa Magruve S. A.

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Agregó que el proceso de adjudicación quedó en firme antes de asumir la alcaldía y que su participación se limitó a firmar la orden de compra y la petición de pago. “A un mes de haber asumido como alcalde me echaron eso para que lo firme, yo lo firmé, me persigné y lo firmé”, declaró Monge Granados en una entrevista realizada el pasado 8 de diciembre.

Además del castigo económico, la CGR ordenó la inhabilitación de Monge Granados para ocupar cargos públicos por un periodo de cuatro años, pena que ya cumplió. Según el exjerarca municipal, cumplir la inhabilitación provocó que perdiera un cargo que ocupaba, desde antes de llegar a la alcaldía, en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

“Me cesaron de mi trabajo, yo trabajaba, desde antes de ser alcalde, como instructor en el INA (...) Ahora no consigo trabajo”.

Añadió tiene varias propiedades y un carro anotados como parte del proceso de cobro que ejerce la Contraloría sobre él.

Retrasos

Copiado!

La investigación desarrollada por la Contraloría General de la República reveló que el contratista no solo incumplió con la entrega de una vagoneta, sino que la que sí logró despachar lo hizo con meses de retraso y con desperfectos.

Según la adjudicación, Magruveh S. A., representada legalmente por un hombre de apellido Montero, se comprometió a entregar los equipos 15 días después de la emisión de la orden de compra. Sin embargo, pasó el tiempo establecido y no se cumplió lo pactado.

El 10 de junio de 2011, ante la preocupación de las autoridades municipales, Montero se presentó en la sesión del Concejo Municipal para explicar las razones del atraso. Alegó supuestos problemas con el desalmacenaje de las vagonetas y prometió que “en los próximos 15 días” cumpliría con la entrega.

Hasta el 22 de julio la compañía entregó una vagoneta de la marca Mack a la Municipalidad de Turrubares, pero según el acta de recibo el vehículo no tenía retardador hidráulico, llanta de repuesto, triángulos de seguridad y otros dispositivos.

Al mismo tiempo, el ayuntamiento no realizó las gestiones necesarias para prorrogar una garantía de cumplimiento, depositada por el contratista, por $23.000, lo que dejó a la entidad pública sin ningún tipo de respaldo.

La División Jurídica de la Contraloría concluyó que las decisiones tomadas por Monge Granados y otros dos funcionarios encargados de la Proveeduría y la Tesorería provocaron daños a la Hacienda Pública.

El exalcalde manifestó que, por orden del Concejo Municipal, demandaron a Magruveh S. A., pero la empresa, según él, se declaró en quiebra y no fue posible recibir una indemnización. En la actualidad, la empresa registra una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social por más de ¢12 millones.

También aparece morosa y omisa con la declaración de varios impuestos desde 2018, según el Ministerio de Hacienda.

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131 personas en 7 años

Entre 2015 y junio de 2022, la División Jurídica de la CGR impuso sanciones por responsabilidad civil a funcionarios públicos por un total de ¢1.114 millones, pero apenas logró recuperar ¢300 millones, equivalente a un 27%. El resto se mantiene varado en procesos judiciales de cobro o en el Contencioso Administrativo.

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En ese periodo fueron castigadas 131 personas por conductas tales como incluir datos falsos en declaraciones juradas para ocupar cargos públicos, pago por servicios o bienes que no se completaron, contrataciones irregulares, aprobación indebida de licencias con goce de salario, desembolsos inapropiados de pluses salariales o por avalar cobros adicionales en contrataciones públicas, entre otras.