En los últimos siete años, la Contraloría General de la República (CGR) ha establecido sanciones por ¢1.114 millones contra 131 personas, la mayoría trabajadores de entidades públicas que incurrieron en actuaciones irregulares las cuales causaron pérdidas al Estado. Sin embargo, de la cifra total, apenas se han recuperado ¢300 millones.
En otras palabras, solo se ha logrado cobrar el 27% de las sanciones por responsabilidad civil impuestas en ese periodo. El restante 73%, que equivalen a ¢813 millones, permanecen en el aire a la espera de la resolución de largos juicios o lentos procesos de cobro.
En la lista de sancionados hay alcaldes, exalcaldes, regidores, exregidores, exministros, directores de departamento, exasesores de gerencias entre muchos otros funcionarios. También figuran las empresas Huawei Technologies Costa Rica y Consulting Chami Group Centroamérica, dedicadas a servicios de telecomunicaciones e informática, respectivamente.
Por ejemplo, el órgano fiscalizador aplicó castigos económicos por incluir datos falsos en declaraciones juradas para ocupar cargos públicos, pago por servicios o bienes que no se completaron, contrataciones irregulares, aprobación indebida de licencias con goce de salario, desembolsos inapropiados de pluses salariales o por avalar cobros adicionales en contrataciones públicas, entre otras.
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En algunos casos, las investigaciones administrativas tardaron hasta tres años y concluyeron en sanciones económicas millonarias, pero pasan hasta siete años sin que sean canceladas por los implicados.
Esa es la situación de un exfuncionario del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de apellido Núñez, condenado desde el 5 de noviembre de 2015, al pago de $509.000 (¢268 millones al tipo de cambio de la época) por aprobar tarifas adicionales a favor de empresas que brindaban servicios de inspección técnica en vías, sin apegarse a la normativa, ni informar a las autoridades institucionales. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008.
A pesar de que la pena quedó en firme desde hace siete años, la indemnización no ha sido pagada. Según los registros de la Contraloría, existe un proceso de cobro judicial desde el 2017, el cual se tramita en el Juzgado Especial de Cobro del II Circuito Judicial de San José.
En otros casos, los involucrados fueron multados e inhabilitados para ocupar cargos públicos por varios años y tras cumplir la inhabilitación regresaron a puestos en entidades estatales, aunque no hubieran cancelado la sanción económica.
Eso fue lo que sucedió con Alejandro Ubau, exalcalde de Upala, multado entre mayo de 2015 y setiembre de 2019 por ¢4,3 millones e inhabilitado por para ejercer la función pública entre setiembre de 2016 y setiembre de 2019. Pese a que no ha pagado la sanción, Ubau regresó a la planilla de la Municipalidad de Upala en abril de 2021, según confirmó la CCSS.
Los datos mencionados son el resultado de una investigación periodística de La Nación iniciada en junio del presente año, la cual incluyó la revisión de bases de datos de las sanciones por responsabilidad civil fijadas por la Contraloría desde 2015, expedientes administrativos, judiciales y registros de planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social.
De acuerdo con información certificada por la División Jurídica de la Contraloría, entre enero de 2015 y julio de 2022, 50 investigaciones concluyeron en sanciones económicas para 131 personas mencionadas. De los 50 expedientes, 39 están relacionados con actuaciones irregulares en ayuntamientos.
La entidad con más incidentes es la Municipalidad de Vázquez de Coronado con 13 sancionados, entre ellos el exalcalde, Leonardo Herrera Sánchez.
Le siguen el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) con 10 cada institución. Las municipalidades de Barva y Santa Bárbara tienen cinco casos cada una y la Municipalidad de Limón, cuatro, entre ellos, el alcalde Néstor Mattis, quien acumula diez castigos en su historial.
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¿Por qué se recupera tan poco?
Luis Diego Ramírez, gerente de la División Jurídica de la CGR, explicó que el principal obstáculo para hacer efectivas las sanciones por responsabilidad civil es la judicialización de las pesquisas.
Para Ramírez, en un Estado de Derecho es positivo que las personas sancionadas, posterior a procedimientos administrativos, puedan acudir al Poder Judicial a impugnar lo que consideren. Sin embargo, criticó la lentitud con que avanzan las gestiones en esa vía.
Incluso, según el funcionario, aunque los procesos de cobro judicial concluyan a favor del Estado, en algunas ocasiones la multa es incobrable, pues los infractores no poseen bienes muebles o inmuebles, salario u otras formas de pago.
También reprochó los fallos de algunos jueces que desconocen la potestad de la Contraloría para establecer las sanciones y las acciones de cobro.
Para tratar de garantizar los pagos, en los procedimientos que corresponde, la Contraloría impone medidas cautelares, como la anotación en el Registro Nacional de terrenos, carros u otros.
“La Contraloría ha querido, en la tutela de la Hacienda Pública, ir con todo en los casos que ya hay una sanción establecida. Ir con todo significa rematar los bienes, ir con todo es embargarle el salario, títulos valores, lo que sea”, declaró Ramírez.
Además de la responsabilidad de desarrollar procedimientos administrativos contra funcionarios y empresas por presuntas irregularidades, la División Jurídica atiende juicios vinculados con la Contraloría, acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las competencias de la entidad y consultas legales, entre otros asuntos.
En ese departamento laboran 46 personas, entre ellos 29 abogados. En los últimos dos años la planilla de ese departamento osciló entre ¢1.496 millones y ¢1.591 millones.
El sistema
Los 50 expedientes que concluyeron en sanciones por responsabilidad civil contra funcionarios y empresas fueron abiertos luego de informes especiales elaborados por la propia Contraloría. Esos documentos finalizaron con investigaciones preliminares que hallaron presuntas irregularidades.
Por lo tanto, al ser trasladados a la División Jurídica, se conforman órganos decisores, que pueden estar integrados por uno o tres abogados, según corresponda. En esa instancia se notifican a las partes los cargos que se les achacan y se inicia un proceso que incluye investigación documental, audiencias orales y otros.
Los procedimientos pueden terminar en la absolución de los investigados o, por el contrario, la imposición de sanciones económicas, suspensiones sin goce de salario, despidos o inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por un periodo.
La potestad de la CGR para fiscalizar las actuaciones de los funcionarios públicos y el establecimiento de castigos está definida en la Constitución Política.
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Las empresas
Huawei Technologies Costa Rica fue sancionada, en febrero de 2019, junto con varios empleados de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) por contrataciones irregulares para servicios de Internet. La multa impuesta a la compañía y a los servidores públicos fue de ¢187 millones, pero fue asumida por completo por la empresa china, pese a que existían montos que debían ser pagados por los empleados de la Jasec.
Además del castigo económico, los empleados de Jasec fueron suspendidos sin goce de salario entre 25 y 30 días hábiles por “vicios graves y evidentes” al no verificar otras opciones de mercado antes de contratar a la gigante asiática.
Con respecto a Consulting Chami Group Centroamérica arrastra sanciones por ¢16,5 millones desde 2021, las cuales no han sido canceladas al erario.