Los usuarios se libraron de pagar ¢27,80 más por litro de combustibles a partir de febrero, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) congelara un aumento para reconocerle a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) los gastos de su convención colectiva.
Esos gastos habían quedado excluidos de las tarifas desde el 24 de agosto del 2015 pero un fallo de la Sala Constitucional, del 10 de junio del 2016, anuló la decisión de Aresep, con la cual había rechazado cargar a los usuarios casi ¢4.784 millones para financiar pluses salariales de esos empleados públicos.
En acatamiento a ese voto de los magistrados, el 25 de octubre pasado la Aresep había presentado de oficio esa alza.
Con excepción del carburante subsidiado para pesca no deportiva, la Autoridad Reguladora determinó desde ese mes que los demás hidrocarburos subirían de precio a partir de febrero 2018, por 30 días, según precisaba el estudio tarifario ET-070-2017.
Sin embargo, la propia Aresep detuvo el aumento al declararse "impedida" de aplicarlo debido a que está bajo estudio una acción de inconstitucionalidad, interpuesta por el diputado y aspirante presidencial Otto Guevara, del Movimiento Libertario, contra la convención colectiva de Recope.
Así lo indicó la entidad en su resolución RIE-129-2017, publicada en un alcance digital del diario oficial La Gaceta del 21 de diciembre anterior, en referencia a la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente 16-7580-0007-CO.
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Según la Aresep, primero debe esperar a que la Sala se pronuncie respecto a esa acción. Una vez que esto suceda, aclaró, se deberán actualizar las tarifas en lo que corresponda para costear a Recope los rubros que no se han financiado de su acuerdo laboral.
Antecedente
El reconocimiento de los ¢4.784 millones sobrevino luego que los jueces constitucionales declararon con lugar, en junio de 2016, un recurso de amparo interpuesto por empleados de Recope contra la Aresep, según el cual la administración de la Refinadora sí puede cargar a los precios de los carburantes los gastos del acuerdo laboral.
Ese dinero recortado del ajuste ordinario del 2015 iba a financiar el fondo de ahorro del personal de Recope, préstamos para vivienda, recreación y garantías, así como los gastos ligados a la administración de ese fondo, servicio de restaurantes, útiles y materiales para recepciones y becas para hijos de los trabajadores, entre otros.
También quedaron por fuera rubros relacionados con los servicios de salud. A criterio de la Aresep, tales gastos no tenían relación con el servicio público de distribuir combustibles que brinda la Refinadora.
Este año, la convención colectiva de Recope costaría ¢24.846 millones, es decir, un 5% más de la previsión respecto al 2017. Esa variación se explica, sobre todo, por un nuevo plus salarial, así como más pago en horas extra y vacaciones.
El año pasado, Recope calculó ¢23.624 millones de gasto en ese acuerdo laboral, que beneficia a 1.740 empleados. La estimación para este 2018 se eleva así en ¢1.221 millones, los cuales saldrían del bolsillo de los usuarios de hidrocarburos.
Lo anterior se confirma al comparar los presupuestos iniciales aprobados a esa empresa pública y remitidos a la Contraloría General de la República (CGR) en los últimos años.