EscucharLos incentivos a los profesionales en ciencias médicas pactados por el Gobierno, la CCSS y los sindicatos en 1982 son los que hoy pueden llevar a la “quiebra técnica” a la institución, según reconocen las autoridades actuales.
Esto, porque en decenas de juzgados laborales de todo el país hay planteados 2.279 juicios de médicos contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quienes aducen que la institución no les ha pagado completo, desde el 82, el incentivo por carrera hospitalaria.
Las disputas legales, interpuestas en fila desde abril del 2011, llegaron en medio de la crisis financiera y de gestión más grave de las últimas décadas del seguro social.
Esta situación hace que los juicios, en los que se pide un total de ¢174.000 millones en indemnizaciones, amenacen con convertirse en la estocada final para la Caja.
Los temores están fundados, pues de esos más de 2.000 juicios ya se resolvieron 350, la mayoría en contra de la CCSS y que a la fecha le ha costado desembolsos por ¢3.700 millones.
A correr. El 1.° de febrero, un día después de que este diario informó sobre las disputas legales, las autoridades de la Caja y la presidenta de la República, Laura Chinchilla, convocaron en la Asamblea Legislativa un proyecto de “interpretación auténtica” de los artículos 5 y 13 de la ley de incentivos.
En menos de una semana, los diputados aprobaron por unanimidad (46 votos de los presentes) la correcta lectura de aquellos artículos: calcular el incentivo de carrera hospitalaria desde la base del salario y no tomando en cuenta las guardias y disponibilidades, tal y como lo demandan los médicos.
Pese a esa aclaración están pendientes casi 1.900 juicios, que permanecen “congelados” mientras la Sala IV resuelve una acción de inconstitucionalidad contra la ley que hace tres décadas nació tras una huelga de 42 días. La gestión fue presentada por tres ciudadanos el año pasado. A eso le suma el pedido de la Asociación Nacional de Empleados Públicos b (ANEP) para que se “desenganche” la ley de incentivos de los aumentos salariales que decreta el Gobierno, de los cuales también se benefician los médicos.
