Ángela Ávalos. 20 septiembre
La CCSS ha tenido que recurrir a la presencia policial para mantener operando la Lavandería Central, ubicada en La Uruca. En promedio, allí se están lavando 15.000 kilos diarios de ropa; 10.000 kilos menos que en tiempo habitual. El pasado lunes 17 de setiembre, se tuvo que pedir apoyo de la Fuerza Pública para que los sindicalistas no cerraran le servicio. Foto: Melissa Fernández
La CCSS ha tenido que recurrir a la presencia policial para mantener operando la Lavandería Central, ubicada en La Uruca. En promedio, allí se están lavando 15.000 kilos diarios de ropa; 10.000 kilos menos que en tiempo habitual. El pasado lunes 17 de setiembre, se tuvo que pedir apoyo de la Fuerza Pública para que los sindicalistas no cerraran le servicio. Foto: Melissa Fernández

La Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) calificó de “ilegal” y “antisindical” las acciones ejecutadas por la institución para garantizar el abastecimiento de ropa limpia en los hospitales durante la huelga.

En un comunicado de prensa, uno de los principales sindicatos del sector salud adelantó que denunciará a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por contratar servicios privados para lavar la ropa hospitalaria contaminada y por solicitar apoyo policial para mantener abiertos los servicios de lavandería.

“Las actuaciones desesperadas de las autoridades de la Caja, que dispusieron la contratación de empresas privadas y trabajadores externos sin ninguna capacitación para sustituir a los huelguistas, quebrantan manifiestamente estas disposiciones del Código de Trabajo”, sostiene el sindicato.

La organización gremial sostiene quqe mientras no haya una declaratoria de ilegalidad de la huelga, ninguna institución, incluida la Caja, podría rebajar salarios, aplicar medidas disciplinarias a los huelguistas, contratar rompehuelgas, solicitar intervención policial y ejecutar represalias contra quienes participen en la protesta.

"La contratación de esas empresas y trabajadores rompehuelgas es absolutamente ilegal y constituye una práctica antisindical que menoscaba el ejercicio de un derecho fundamental.

“(...) los actos de felonía unen y fortalecen más a nuestros compañeros y compañeras, que están dando un ejemplo de dignidad y valentía inquebrantable”, agregan.

Los trabajadores se quejan, además, de supuestas amenazas contra el personal interino que apoya el movimiento.

“Como lo anterior no fuera poco, esa acción ilegítima la coronó la presidencia ejecutiva con la intervención de la Fuerza Pública que prácticamente tienen sitiadas y militarizadas las lavanderías”, agrega el comunicado.

CCSS firme ante huelguistas

El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, en una reacción enviada por medio de su oficina de prensa, reiteró la intención institucional de “hacer todos los esfuerzos posibles por mantener esos servicios abiertos”.

“Tenemos una obligación constitucional para mantener abiertos los servicios de salud que requieren los costarricenses. No descansaremos y no dejaremos de hacer todos los esfuerzos posibles por mantener esos servicios abiertos. Es nuestra obligación, no solo constitucional sino moral”, sostuvo el funcionario.

La CCSS realizó una declaratoria de “emergencia institucional” para disponer de un fondo de ¢30.000 millones, que es lo que ha permitido financiar los planes de contingencia que desarrollen los hospitales para enfrentar el impacto de la huelga.

Fue, además, una de las primeras instituciones en presentar ante los tribunales la solicitud para declarar ilegal este movimiento, el pasado 10 de setiembre, primer día de la protesta.

De acuerdo con los datos más recientes de esa institución, la afectación mayor continúa siendo el área quirúrgica, donde más de la mitad de las operaciones programadas se han tenido que cancelar en todos los hospitales, debido a la huelga contra la reforma fiscal.

Más de 1.500 operaciones programadas se han perdido en estas casi dos semanas de huelga, y más de 40.000 citas con el especialista.

Al cumplirse, ese jueves, el día 11 de este movimiento, la CCSS mantiene un 90% de su consulta externa funcionando, lo mismo que la atención en los Ebáis.

Las clases en escuelas y colegios también se han visto afectadas, pues un 90% del personal esté en huelga. Mientras sigue el movimiento, ¢200 millones en comida se pudre en los comedores escolares.

Gobierno y sindicatos tienen este jueves su segundo acercamiento de cara a establecer una mesa de diálogo para negociar una eventual reforma fiscal.

Impacto de una protesta
Impacto de una protesta